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Opinión: Ley de Barrios Populares; por qué quieren romper algo que funciona

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Por Ivanna Rezano (*) El Gobierno Nacional está poniendo en riesgo la mejora de la calidad de vida de los más de 5 millones de argentinas y argentinos que viven en los llamados Barrios Populares que antes se naturalizaban como villas, asentamientos o simplemente para el ejido urbano no existían.

Cuando empecé a militar en los movimientos sociales allá por fines de los 90 conocí experiencias de muchos intentos de vecinas y vecinos humildes por construir sus hábitats, sus barrios. En todas esas experiencias había algunas características comunes: la lucha por la tierra y el techo, la organización y, también, la especulación de dos o tres vivos que a fuerza de amenazas y violencia intentaban usufructuar el esfuerzo de muchas familias cuyo único interés era tener un espacio donde vivir al menos cerca de lo que conocemos como dignamente. Vimos este tipo de situaciones hace pocos días en la toma de tierras de Gonzalez Catán donde fueron asesinadas 5 personas.

En esas experiencias de luchas, tomas, construcción popular de viviendas, armado de barrios, empezó a construirse la Ley de Barrios Populares sancionada muchos años después por unanimidad (cosa muy difícil de conseguir en épocas de grietas reales e inventadas) en 2018 la cual pone sobre la mesa los más de 6400 barrios de todo el país que como dije antes, para las políticas públicas no existían, eran problemáticos o “sobraban”.

Pero la realidad es que en esos barrios viven más de 5 millones de personas. Las organizaciones sociales de la Tierra, el Hábitat y la urbanización fueron construyendo un concepto para denominar a esos miles de espacios como Barrios Populares señalando que estos son: aquellos espacios donde viven personas y no cuentan con servicios básicos de agua potable, cloacas, conectividad eléctrica y regularización dominial.

En el 2018 me tocó ser la primera Directora General de Hábitat en el Municipio de Almirante Brown al mando de Mariano Cascallares. En esos años donde teníamos un Gobierno Nacional y uno Provincial de diferente signo político pudimos urbanizar el “asentamiento” Barrio Libertad y Don Orione Viejo. Esto se dio en un marco donde las organizaciones del Hábitat habían logrado con mucha paciencia y trabajo sistemático poner en agenda el tema de los barrios populares. Así se consiguió la unanimidad en la sanción de la Ley aún durante el Gobierno de Macri.

En el Gobierno de Alberto Fernández se logró la instrumentación del financiamiento concreto para esa Ley con la asignación al FISU (Fondo de Integración Social y Urbana) de un 30 % del impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) destinado a la urbanización de los barrios populares. Entonces en menos de 3 años se lograron intervenciones en 1300 barrios de todo el país. Se mejoraron 2500 viviendas, se hicieron más de 2500 conexiones de servicios básicos llevando dignidad a viviendas y barrios muy humildes. Estas urbanizaciones se llevan adelante a través de Gobiernos Provinciales, Municipales y de Cooperativas integradas muchas veces por vecinas y vecinos de esos mismos barrios.

Es necesario señalar que esta Ley es defendida por organizaciones y organismos tan diversos como Caritas, la Pastoral Social, Techo, UTEP, así como también Intendentes que conocen perfectamente lo útil de esta herramienta.

En Almirante Brown el Municipio llevó adelante el mejoramiento barrial de Barrios históricamente rezagados como Betharram o de barri mucho más nuevos poblado mayoritariamente por familias migrantes como La Hermosa Patria Grande Glew, por nombrar solo algunos. Así como organizaciones sociales a través de sus Cooperativas llevaron adelante obras en otros tantos barrios que hoy tienen un poco más de dignidad en su entramado, algunos son Campo Ramos, Los Paraguayos, Parque Roma, Pueblo Unido. Con la Cooperativa Juana Azurduy de Almirante Brown que integran compañeros/as con quienes compartimos la militancia llevaron adelante un primer tramo de mejoramiento del barrio El Triunfo de Glew realizando veredas y conexiones eléctricas, esperamos poder darle continuidad a este proyecto.

Esto está en riesgo serio hoy porque en la llamada Ley Ómnibus, nombrada pomposamente “Ley Bases y puntos de partida para la Libertad de los Argentinos”  en el artículo 211 plantea la eliminación de ese 30 % del impuesto PAIS destinado al fin de la urbanización y plantea que ese financiamiento salga de las multas que según Patricia Bullrich deberían pagar las organizaciones que se movilicen incumpliendo el llamado “Protocolo Antiprotestas”. Una vergüenza indefendible.

Estamos en un punto de inflexión para los miles de barrios populares: o seguimos por la senda del mejoramiento, la urbanización y la mejora de la calidad de vida para millones de argentinos o dejamos que otra vez vuelva a ser válida la realidad de barrios de “primera” y barrios de “segunda” donde la vida sea mucho menos vivible.

 

(*) concejala (UxP) de Almirante Brown y militante de los movimientos populares


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