Por Laura Berardo (*) Hoy cumplimos seis años de uno de los aportes más importantes del movimiento feminista en la Argentina que luego se expandió a distintos países: el Ni Una Menos. Surgió como un detonante de la cantidad alarmante e inconcebible de víctimas de femicidios, de abusos, de no haber sido escuchadas previamente por el Poder Judicial. Sin embargo, lejos de conformarnos, abrazamos muchas otras batallas que, de forma transversal, también influyen en la violencia reflejada de manera integral en la ley nacional 26.485. Una de esas peleas que venimos dando desde el ámbito institucional y territorial es la situación preocupante que viven las mujeres a causa de los niveles de desigualdad social en el acceso a la inserción en el mercado laboral y a la distribución equitativa del ingreso.
Según un relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), más de siete de cada diez personas del grupo poblacional con menores ingresos son mujeres, y la relación se invierte para el grupo poblacional de mayores ingresos.
Además, las mujeres superan por casi 3 por ciento la tasa de desocupación en relación a los varones; y en cuanto a la tasa de subocupación, ellas las superan cumpliendo menos horas, lo que significa obtener menos salario y padecer más informalidad. De hecho, las asalariadas representan el 37,1 por ciento de niveles de trabajo no registrado (una de cada tres), es decir, sin aportes jubilatorios ni cobertura de salud.
Sumado a esos números, las mujeres menores de 29 años alcanzan una tasa de desempleo del 21,5 por ciento, lo que equivale a que una de cada cinco busca trabajo y no lo consigue, duplicando el promedio general del país.
Podemos confirmar entonces que muchas mujeres, en particular de los sectores sociales más vulnerables, viven en una caja con techos y paredes de cristal, bien asentadas en la base, donde parecen destacarse con las “tareas femeninas”: de cuidado o domésticas, en general invisibles y no incluidas en la categoría de trabajo remunerado, con menos posibilidades de acceso a la formalidad y a puestos jerárquicos. Es evidente que los trabajos inciden de manera directa en la feminización de la pobreza: mujeres dentro de la caja, hombres afuera tomando decisiones.
Es momento de salir de allí para que las mujeres, travestis y trans tomen decisiones políticas, sindicales, legislativas, académicas, en el ámbito público, en cargos que nivelen hacia arriba. Y para eso, el rol del Estado debe ser el garante, como ya el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner demostró que puede hacerlo: con la elaboración de un presupuesto 2021 con perspectiva de género en todas sus áreas; el cupo laboral travesti-trans; la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios y Travesticidios; el Registro Único de Casos de Violencias por Razones de Género; la Tarjeta Alimentar, que aporta autonomía en el marco de los cuidados a sus hijes; la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado;; el impulso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -sancionada en diciembre de 2020- para que las personas gestantes decidan sobre sus cuerpos; la Ley de los Mil Días, para que quienes no desean abortar reciban un acompañamiento integral durante la maternidad y hasta los tres años de vida de sus bebés.
Como desafíos, es importante seguir impulsando el Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado, que habilitaría jubilaciones para más de 185 mil mujeres que no tienen los aportes suficientes. Sobre este punto, de acuerdo con los números que maneja la Anses, más de 300 mil mujeres de entre 59 y 64 años están en edad de jubilarse (44 por ciento), pero no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 años de servicios requeridos entre sus aportes registrados y los períodos que pueden reconocerse por la actual moratoria. He aquí un ejemplo sólido de la informalidad que reina en el universo laboral femenino y, a la vez, de la importancia de que el Estado intervenga. Es claramente un derecho impensado durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos, que por el contrario, agudizó el problema.
También, hay que continuar discutiendo el avance de la reforma judicial feminista, que incluye la paridad de género en los tribunales, en los procesos judiciales y los puestos con cargo en el sector; la sanción de una ley de cupo laboral travesti-trans, entre muchos otros reclamos.
Convoco a reivindicar, construir y fortalecer este proyecto nacional, popular, democrático, latinoamericano y feminista, que con sus políticas públicas y un Estado presente, expresan la decisión política de nuestro gobierno para consolidar caminos de distribución justa de la riqueza, y el poder pensado con perspectiva de género, orientado a la igualdad de oportunidades para todas, todos y todes.
Si la desigualdad social es el caballito de batalla del patriarcado que ejerce violencia contra las mujeres, travestis y trans, el Ni Una Menos es la consigna que, más temprano que tarde, junto a sociedades con proyectos políticos populares, unitarios y democratizadores, lo hará caer.
(*) Subsecretaria de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y concejala del Frente de Todos de Lomas de Zamora.
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