Por la Dra. Noelia Coelho Silva (*).El suceso del médico de San Martín que diera muerte al ladrón que intentaba robar su vehículo, hizo resurgir no solo el debate sobre la legítima defensa, sino también de la necesidad de “mano dura”. En el almacén del barrio hay discusiones sobre si en casos como éste hay legítima defensa, un exceso de ella o un homicidio simple. En todos los recovecos se filtran estas cuestiones, mientras periodistas y colegas abogados inundan los medios de comunicación haciendo un análisis de los requisitos de procedencia de estos supuestos de exclusión de la antijuricidad.
No ahondaremos aquí en estas cuestiones largamente tratadas como discutir si hay o no proporcionalidad del medio empleado para repeler la agresión ilegítima y afines –art. 34 inciso 6to del Código Penal-, sino que intentaremos atinar ciertas reflexiones que resultan de vital importancia.
Por un lado, si nuestra Constitución Nacional establece la OBLIGACIÓN de que las causas criminales sean resueltas en un juicio por jurados, la ley no debería ser algo que un erudito explique a un ciudadano, sino que la misma debería poder ser comprendida por cualquiera de los que habitamos este suelo. Sin embargo, las leyes –y no solo las penales- no fueron ideadas para su entendimiento por la totalidad del pueblo, sino que fueron creadas por los que tenían el poder de decir que está prohibido y que permitido, en un lenguaje tal que este mismo sector sea el encargado de garantizar su cumplimiento –es lo que llamamos “opacidad del derecho”-.
La ley debe volver a la ciudadanía y todos debiéramos comprender, con cierta cercanía conceptual, que es lo que está bien y que es un delito, cuando se actúa en legítima defensa y los supuestos en donde nos excedemos de este marco, ya que en el modelo pensado por nuestros padres constituyentes, son los ciudadanos mismos quienes decidirían la suerte del médico o de cualquier otro acusado de un hecho ilícito. Pero cuidado… ese concepto de ciudadanía debe ser inclusivo.
Por su parte, la creciente demanda de aumento de penas e incluso de un llamado por parte de un sector a un “legitimo homicidio”, desatiende que la historia entera ha demostrado que estas medidas no bajan el número de delitos –¿ o acaso cuando se mataba o se le cortaba la mano al ladrón no había robos?-.
Los países con las tasas más bajas de delincuencia y de personas encarceladas, como Holanda, que tiene más guardias que presos y se encuentra alquilando sus instalaciones para presos Belgas o Noruegos, no llegan a esas cifras con leyes Blumberg o respondiendo a la violencia con más violencia.
En un país en donde la corrupción de los políticos de ayer y hoy no desvíe los recursos del Estado a las multinacionales o a los bolsillos de aquellos, la educación, salud, trabajo y acceso a la vivienda digna permitirían que las cárceles sean ocupadas en casos excepcionales y de una forma humanitaria.
No se trata ya de que prevalezcan los Derechos Humanos de los delincuentes como algunos señalan, sino de que se preserven los derechos de toda la sociedad, tanto de los que padecen la pobreza más cruel, pasando por aquellos que trabajan día a día por ganarse dignamente el pan de su familia. Si esto no se garantiza, el hombre volverá a ser lobo del hombre.
Debemos armarnos, si… pero de convicción en exigir a nuestros gobernantes que cumplan el mandato constitucional de propender a la “unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad”.
(*) Abogada especialista en Derecho Penal.www.cenape.com.ar. Teléfonos: 115337-7132//4201-6099.
