La ONG Usina de Justicia, que representa a un grupo de familiares de víctimas de inseguridad, presentó un pedido de juicio político contra el integrante del Tribunal de Casación bonaerense, Víctor Violini, quien hizo lugar a un hábeas corpus que habilitaba a otorgar prisiones domiciliarias a detenidos enmarcados en los grupos de riesgo del coronovarius.
La organización, representado por el ex funcionario macrista, Fernando Soto, hizo la presentación este lunes ante la Secretaría de Enjuiciamiento de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
En su escrito, Soto acusó a Violini por “incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones y por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”.
En un extenso escrito, el letrado sostuvo que en su resolución de principios de abril Violini “No se basó el derecho procesal vigente sino que fue acto de arbitrariedad, y avanzó sobre otros jueces naturales con su decisión”.
“La abierta violación de los principios básicos de los estamentos procesales que regulan su facultad para aplicar la ley. Se refuerzan los argumentos para la remoción del Juez Violini: el haber obrado con una ostensible falta de fundamentación sobre la admisibilidad de una acción colectiva, desnaturalizando las funciones de la Cámara de Casación”.
La figura de Soto permite explicar, en parte, por qué un sector del Gobierno provincial relaciona las críticas a su gestión en seguridad y justicia con el macrismo. El abogado fue funcionario en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Patricia Bullrich.
Soto se hizo conocido a partir de numerosas apariciones televisivas, opinando sobre temas de coyuntura, además de ser el abogado de Luis Chocobar, el policía que mató por la espalada a un joven delincuente y que ahora espera ser sometido a juicio oral por homicidio.
“Las circunstancias de excepción´´ que ha enunciado el Dr. Violini para obrar como obró son, básicamente, tres: ´La Pandemia de COVID 19´, la necesidad de ´resguardar la vida de los detenidos´ y la necesidad de ´garantizar la seguridad de la sociedad toda´. Esa fundamentación no es real ya que en ningún momento de la Resolución se explica por qué los jueces naturales (los Tribunales Orales y Jueces de Primera Instancia) no podían conjurar esas situaciones “de excepción” por medio de las vías ordinarias de actuación jurisdiccional. Pero, como en realidad todo indica que el Dr. Violini quería ser él quien resolviera lo que debían atender los jueces que correspondían, debía acudir a alguna justificación”, planteó Soto, en representación de la ONG Usina de Justicia.
