Cuatro integrantes de la banda acusada de secuestrar al fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, fueron procesados con prisión preventiva por un juez federal lomense. Otro sujeto también fue procesado por guardar armas municiones que usaría la banda delictiva, que tenía como base de operaciones el Campo Tongui, en Lomas Oeste.
El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, dispuso la falta de mérito y dejó en libertad a otros tres hombres que también estaban detenidos. Ellos continuarán bajo investigación.
En fallo, a través de escuchas telefónicas y seguimientos, se determinó que existen prófugos. En tanto, se estableció que la banda, además de los secuestros, se dedicaba al robo de autos, su desmantelamiento y la posterior venta de autopartes.
En su resolución, el magistrado consideró que los hermanos Maximiliano y Marcelo Romero, Mariano Moreno y Juan Espíndola participaron de los secuestro del fiscal Sebastián Scalera y de su esposa, y del comerciante de El Jagüel Julio Silva y de su pareja. El primero de los hechos ocurrió el 4 de mayo último, mientras que el otro se desarrollo el pasado 8 de marzo.
En la investigación que desencadenó en estos procesamientos quedó comprobado que la banda algunos secuestros los planificaba – como el de Silva – y otros eran al voleo, como en el caso de Scalera y su esposa.
Además, se subrayó que la otra actividad con la que se financiaba la banda era el robo de automóviles, especialmente camionetas, que eran desarmadas en el Campo Tongui y vendidas como autopartes.
En su resolución, el juez Augé consideró, que en base a las pruebas reunidas – fundamentalmente escuchas telefónicas -, Maximiliano Romero era el líder del grupo delictivo desbaratado poco después del secuestro del fiscal general adjunto de Lomas de Zamora.
El 8 de marzo por la noche Julio Silva y su esposa cerraron su negocio de El Jagüel y se dirigieron a su vivienda, en Ezeiza. Cuando abrieron el portón para introducirse con el auto, fueron sorprendidos por tres delincuentes que llegaron en otro vehículo.
Los secuestradores golpearon a Silva, se lo llevaron en el auto y obligaron a su esposa a regresar a buscar dinero al negocio, como condición para liberar a su esposo. Poco después un familiar de la víctima les dejó a los delincuentes 200 dólares, 3800 pesos y una cadena de oro dentro de una bolsa, en un puente peatonal del Camino de Cintura y Portugal, en Burzaco.
El comerciante Silva fue liberado cerca de ese lugar, luego de que sus captores se aseguraran de la entrega del dinero por parte de su familia. El juez Augé resaltó en su fallo la coordinación de tareas que tenía el grupo delictivo.
Sebastián Scalera y su espora fueron interceptados cuando se movilizaban en el auto del fiscal, en Parque Barón. A la mujer, la dejaron en ese vehículo mientras que el funcionario fue pasado al auto de los secuestradores.
Para liberar a su mujer, le exigieron una suma de dinero que el fiscal no tenía. Por eso, se trasladaron hasta la casa de la madre, donde los secuestradores recibieron 20 mil dólares. Entonces, liberaron a la esposa y escaparon.
Mientras huían, los delincuentes golpearon e intentaron acuchillar a un custodio privado de la zona donde vive la madre de Scalera
En las escuchas telefónicas, los investigadores pudieron escuchar cómo los secuestradores festejaban el botín obtenido en el secuestro express al funcionario judicial.
