El fiscal de Lomas de Zamora Javier Gramajo pidió 3 años de prisión en suspensos para los cinco policías imputados por el caso conocido como Masacre de Transradio, ocurrido en 2018, en la comisaría de esa localidad y en el que murieron 10 detenidos.
Fuentes judiciales informaron a DiarioConurbano.com.ar que el fiscal hizo el planteo en el marco de un juicio abreviado en el que debe acordar la pena con la defensa de los imputados.
El acuerdo al que lleguen la fiscalía y la defensa podrá ser avalado o no por el Juzgado Correccional 7 de Lomas de Zamora, que interviene en la causa.
El fiscal Gramajo pidió 3 años de prisión en suspenso para los cinco policías imputados. Los considera culpables de los delitos de “estrago culposo en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Los policías acusados se encuentran en libertad y se espera que sus defensores expresen si adhieren o no al planteo de Gramajo.
La imputación a los policías marca que existió una responsabilidad concreta de efectivos de la Comisaría Transradio en la muerte de los internos y que el feroz incendio fue facilitado por las malas condiciones edilicias.
CÓMO OCURRIÓ
La noche del 15 de noviembre de 2018, había un total de 27 personas presas en un lugar con capacidad para ocho. La negligencia era una constante de la Comisaria de Transradio. Desde 2011 hasta enero de 2018 había tenido siete clausuras, una por resolución ministerial y las restantes por orden judicial.
De acuerdo al relato de los sobrevivientes, el hacinamiento y el maltrato de los policías provocaron la protesta de los detenidos y la quema de algunos colchones.
Las celdas, según la reconstrucción de la querella, “no poseían iluminación ni ventilación, había dificultades para el acceso y uso del agua y no existían medidas ni elementos de seguridad, los matafuegos estaban vencidos”.
Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Argüello, todos bajo custodia estatal, murieron como consecuencia del incendio.
Las imputaciones llegaron luego de los incansables reclamos de los familiares de las víctimas, quienes exigieron el esclarecimiento de lo ocurrido desde el primer día.
