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Masacre de Wilde: En el arranque del juicio, la fiscalía planteó que hubo “un plan criminal”

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El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora comenzó a juzgar, este lunes, a 7 ex policías acusado de cometer el caso de Gatillo Fácil más emblemático de la década de los ´90: La Masacre de Wilde. Desde la fiscalía y las querellas aseguraron que se trató de un “plan criminal”, mientras que las defensas hicieron una serie de planteos por las que consideran que el juicio no debería estar haciéndose.

El debate se realizó en la Sala Grande de juicios en el primer piso de los Tribunales de Lomas de Zamora. Estuvieron presentes los familiares de tres de las víctimas: Edgardo Cicutín, Norberto Corbo y Gustavo Mendoza. El otro hombre acribillado la tarde del  10 enero de 1994 en Wilde fue Enrique Bielsa.

Tras suspender el proceso para uno de los ex policías imputado, Marciano González, por su delicado estado de salud, el presidente del TOC 3, Luis Miguel Gabián, dio comienzo al debate.

En el banquillo de los acusados, de espaldas al público, estaban sentados   Osvaldo Lorenzón, alias “El Pollo” (69), Eduardo Gómez (61), Roberto Mantel (65), Pablo Dudek (76), Julio Gatto (56), Marcelo Valenga (59) y Marcos Rodríguez(59), éste último el único detenido ya que se mantuvo prófugo 20 años, hasta el 2014.

Desde la fiscalía, en los lineamientos generales de la acusación, Viviana Simón y Jorge Betini Sansoni adelantaron que se trató de un cuádruple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más persona y una tentativa de homicidio por el caso de Claudio Díaz, único sobreviviente de la balacera.

“No existió error ni causa de justificación. Todos los imputados son coautores de los homicidios “, aseguró Betini. Y agregó: “contaban (los policías) con medios para saber que estaban ejecutando sumariamente a personas en un estado de derecho”.

En tanto, enmarcó lo sucedido en “ataques sistemáticos de la Policía Bonaerense a la población civil facilitados por el aletargamiento de la justicia y la inacción del Poder Ejecutivo de entonces”.

Betini también hizo referencia  a los 28 años de espera para el juicio oral. “A los familiares de las víctimas se les obturaron las posibilidades de tener justicia”, aseguró el fiscal.

Por su parte, Ciro Annichiarico, abogado de la viuda de Edgardo Cicutín, se expresó en la misma línea de la fiscalía. “Aquí hubo un plan criminal conjunto de los imputados”, afirmó.

El abogado se adelantó a los planteos defensistas y solicitó al tribunal que “no haga lugar” a las nulidades planteadas por las defensas.

El abogado de la familia de Norberto Corbo, Gustavo Romano Duffau, consideró “aberrante” que hayan pasado casi diez años desde que la Corte bonaerense anuló el sobreseimiento definitivo de los ex policías y reactivó el caso.

“Los policías de la Brigada de Lanús tenían roles definidos y un plan para ejecutar a personas que venían siguiendo. Las víctimas estaban desarmadas”, afirmó  el letrado.

 

LAS DEFENSAS

 

Las nulidades para evitar la continuidad fueron la constante de los planteos de las defensas.  Liliana Martínez, abogada de  Mantel, Gatto y Dudek, hizo un planteo de inconstitucionalidad del juicio por la existencia en el caso – según dijo  – de una “doble persecución penal”.

En tanto, sobre lo ocurrido, la letrada planteó que existió “un enfrentamiento, no un fusilamiento”.  Y agregó: “Estos policías solo salieron a patrullar una zona en prevención de delitos”.

En una extensa exposición, Javier Leira y José Manuel Ubeira cuestionaron la reapertura del caso y el fallo de la Suprema Corte bonaerense, de 2013, que permitió llegar al juicio oral.

“Debe dictarse la nulidad de todo lo actuado después del sobreseimiento definitivo de los imputados”, aseguró Leira. Mientras que Ubeira – abogado patrocinante de Cristina Kirchner en la causa por el atentado que sufrió –aseguró que “se han destruido los elementos de prueba y se afecta el derecho a la defensa”.

“El delito está prescripto. Por eso también pedidos la extinción de la acción penal y la absolución de Marcelo Valenga”, planteó Ubeira.

Por su parte, Roberto Fernández, defensor oficial de Gómez y Lorenzón, adhirió a los planteos de Leira y Ubeira, pero también sostuvo que está pendiente de resolución un planteo que realizó sobre el pedido de sus representados de tener un juicio por jurados. Esa presentación ya fue rechaza por la Casación Penal bonaerense y se encuentra en la Suprema Corte.

Fernánez también afirmó que – salvo en el caso de Cicutín – la Masacre de Wilde en realidad se trató de un enfrentamiento. Y recordó que hubo tres delincuentes que viajaban en otro Dodge 1500, similar al de Cicutín, terminaron condenados.

Finalmente, María Celeste Vázquez, defensora oficial de Marcos Rodríguez, sostuvo que no hay pruebas que involucren al ex policía, que estuvo prófugo durante 20 años. “Él es una víctima más, en todo esto”, recalcó.

 

LA BALACERA

 

La “Masacre de Wilde” ocurrió el 10 de enero de 1994, cuando policías de la entonces Brigada de Lanús persiguieron a los ocupantes de dos autos, presuntamente al confundirlos con un grupo de delincuentes que buscaba y los asesinaron a balazos.

Las víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y el vendedor de libros Edgardo Cicutin, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único sobreviviente del ataque.

De acuerdo a los peritajes, ambos vehículos y las victimas recibieron más de 300 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.

Los policías, en tanto, no sufrieron heridas ni esos autos se registraron impactos de bala. Por eso en la instrucción inicial se descartó la hipótesis de un enfrentamiento armado.


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