A poco de cumplirse 6 años de la llamada Masacre de Transradio, ocurrida en 2018, en la comisaría de esa localidad y en la que murieron 10 detenidos, la defensa de los imputados rechazó un acuerdo de juicio abreviado por el que el fiscal de Lomas de Zamora pedía 3 años en suspenso para los policías acusados.
Fuentes judiciales informaron a DiarioConurbano.com.ar que tras el rechazo de las defensas de los acusados, el Juzgado Correccional 7 dispuso para el 10 de febrero de 2025 la audiencia preliminar de lo que será el juicio oral y público por el caso.
“No se llegó a un acuerdo de pena en el sistema de juicio abreviado por lo que se fijará la fecha de un juicio oral tradicional”, explicaron las fuentes del caso a este portal.
El fiscal de Lomas de Zamora Javier Gramajo había pedido 3 años de prisión en suspensos para los cinco policías imputados. Esto no fue aceptado por las defensas, en el marco del juicio abreviado que posibilitaba un acuerdo de pena entre las partes.
Los policías acusados se encuentran en libertad. Ya en su pedido de calificación y pena, el fiscal Gramajo reconocía que existió una responsabilidad concreta de efectivos de la Comisaría Transradio en la muerte de los internos y que el feroz incendio fue facilitado por las malas condiciones edilicias.
CÓMO FUE
La noche del 15 de noviembre de 2018, había un total de 27 personas presas en un lugar con capacidad para ocho. La negligencia era una constante de la Comisaria de Transradio. Desde 2011 hasta enero de 2018 había tenido siete clausuras, una por resolución ministerial y las restantes por orden judicial.
De acuerdo al relato de los sobrevivientes, el hacinamiento y el maltrato de los policías provocaron la protesta de los detenidos y la quema de algunos colchones.
Las celdas, según la reconstrucción de la querella, “no poseían iluminación ni ventilación, había dificultades para el acceso y uso del agua y no existían medidas ni elementos de seguridad, los matafuegos estaban vencidos”.
Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Argüello, todos bajo custodia estatal, murieron como consecuencia del incendio.
Las imputaciones llegaron luego de los incansables reclamos de los familiares de las víctimas, quienes exigieron el esclarecimiento de lo ocurrido desde el primer día.
