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Los judiciales suman apoyos y la tensión con Vidal se agudiza

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Judiciales ReclamoEl conflicto de los empleados judiciales con el Gobierno bonaerense parece encaminarse hacia un callejón sin salida, una situación que se asemeja a la de 2012, cuando los Tribunales de la Provincia estuvieron paralizados durante casi 2 meses por un conflicto similar, llegando a punto de conflicto máximo cuando ex gobernador Scioli envió policías a los tribunales para “asegurar el servicio de justicia”. Una mayor puja por el porcentaje de aumento salarial, una inflación que se acelera ante el estancamiento de la negociación, la inacción del gobierno bonaerense en el tema, la participación activa en los reclamos de jueces, fiscales y defensores, y la presión de colegios de abogados para que finalice la medida fuerza convierte, este año, el conflicto en una bomba de tiempo.

Poco han podido hacer las reuniones que mantuvo la Suprema Corte con el Gobierno de María Eugenia Vidal. La presencia del ex miembro del Tribunal de Casación, Carlos Mahiques, no ha logrado que el canal de diálogo sea los suficientemente fluido y amigable como para llegar a acuerdos.

Esta situación explica, en parte, la solidaridad de los magistrados con los empleados nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

“Venimos sufriendo retrasos constantes por los porcentajes acordados años atrás. Por eso, cerrar en un 15 por ciento es irrespetuoso por parte del gobierno y suicida para nosotros”, señalaron desde la AJB.

Los magistrados han dado muestra de su enojo en una asamblea realizada la semana última en los Tribunales de Lomas de Zamora. El atraso salarial – más allá de que los montos brutos de cobro sean mayores a los de los empleados – es aún mayor que al resto de los judiciales. “Ya no confiamos en la Corte. Hacen acuerdos más políticos y lo salarial está siempre en un segundo plano”, aseguran en voz baja.

En la Unión de Magistrados de Lomas, por caso, se dio una fuerte discusión previa al apoyo al planteo de los empleados judiciales. “Hay algunos que siguen sosteniendo que somos funcionarios y no empleados, y que por lo tanto no deberíamos sumarnos al reclamo de la AJB. Pero ese sector de magistrados es cada vez más minoritario”, contó un fiscal.

A medida que la situación se fue complicando, la Unión de Magistrados de Lomas adhirió a un comunicado del Colegio Provincial de Magistrados en el que se dispuso “rechazar los porcentajes ofrecidos a la Suprema Corte y a la AJB, por cuanto no se corresponden con nuestros pedidos, fundados en la depreciación salarial resultante de la inflación de los últimos 8 meses, cuando se percibió la última cuota del pasado año”.

Días atrás, un comunicado del Colegio Abogados de la Provincia de Buenos Aires echó un poco de combustible al fuego pidiendo a las autoridades que se asegure a los ciudadanos la “tutela judicial continua y efectiva”, y pidió que los abogados matriculados hagan saber “cualquier menoscabo a su actividad como consecuencia del paro”.

Mientras que desde el Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús (CAAL) han preferido un sigiloso silencio, sólo adhiriendo al comunicado del colegio provincial, al CALZ jugó una carta tan arriesgada como fuerte.

Diego Molea, titular del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (CALZ), hizo una conferencia a metros de la manifestación de los empleados judiciales casi en la puerta de Tribunales y pidió una solución del conflicto al Gobierno provincial, descalificó la propuesta salarial de Vidal y dijo que la situación perjudica el ejercicio de la labor de los integrantes del colegio. 

El cuadro de situación  se completa con un importante grupo de magistrados que el año pasado conformó la Asociación Gremial de Magistrados (AGM) y viene pujando por tener una inscripción gremial que le debe otorgar el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca. Si bien es difícil que ese reconocimiento se les otorgue en este conflicto, lo cierto es que tarde o temprano jueces, fiscales y defensores también se sentarán formalmente a la mesa de negociación paritaria.

Con el termómetro puesto en la medición de la imagen pública, el gobierno Vidal parece no tener como prioridad la solución del conflicto con los judiciales. Sin embargo, la extensión en el tiempo comienza a sumar actores – algunos inesperados – que permiten anticipar un escenario muy difícil de recomponer. La semana próxima promete ser clave en la profundización del reclamo y en su impacto social.   


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