Los defensores de la denominada “Banda de Quique”, integrada por 15 personas que se encuentran detenidas acusadas de formar una asociación ilícita para extorsionar y amenazar a feriantes de La Salada en el marco de cobros ilegales, cuestionaron duramente la investigación judicial y solicitaron que el juez de Garantías 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, no avale las prisiones preventivas para el grupo, requeridas por el fiscal Sebastián Scalera.
En una audiencia que se desarrolló en la Sala de Juicios Orales de los Tribunales de Lomas de Zamora, los abogados Fernando Burlando, Juan José Ribelli y Fernando Car representaron a la mayoría de lo detenidos por una de las megacausas de La Salada, informaron fuentes judiciales a Diarioconurbano.com. El grupo de detenidos está encabezado por el ex administrador de la Feria de Urkupiña, Enrique “Quique” Antequera.
Ante el juez de Garantías, los letrados cuestionaron la investigación, señalaron que existen inconstitucionalidades, falta de pruebas y “enemistad manifiesta” contra sus defendidos. En función de esto, solicitaron a Vitale que ho haga lugar a la prisión preventiva.
En tanto, el fiscal Scalera defendió su pedido, pidió que se desestimen los planteos de los defensores y se confirme la prisión preventiva que se solicitó esta semana.
Ahora, el juez Gabriel Vitale tendrá como plazo máximo el próximo lunes. De confirmar la preventiva, los detenidos continuarán – al menos un tiempo más – detenidos, a la espera del juicio oral y público por esta causa.
El pedido de preventiva incluyó a quince detenidos, entre los que se destacan barras de Boca Juniors y ex policías, uno de ellos, Diego Barreda, que llegó a estar imputado por el atentado a la sede de la AMIA.
Además de asociación ilícita, Scalera les imputa secuestro coactivo y coacciones agravadas por el uso de armas. En el transcurso de los próximos días, el juez de Garantías 8 de Lomas, Gabriel Vitale, deberá convalidar o rechazar el pedido realizado por el fiscal.
Fuentes judiciales indicaron a Diarioconurbano.com que en la causa – que no está relacionada con la que mantiene detenido al otro hombre fuerte de La Salada, Jorge Castillo – está acreditado que en la feria Urkupiña – administrada por Antequera – y en sus alrededores funcionaba un grupo de personas, algunos de ellos empleados de una empresa de seguridad privada Vae Soli – que obedecía a Antequera, Marcelo Aravena y Roberto Ríos – que “privaron de la libertad a varias personas de distintos sexos y edades, algunas de ellas acompañadas de menores de edad, a quienes señalaban como “mecheras» o pungas; reteniéndolas en las instalaciones que se encuentran dentro del referido predio ferial Urkupiña, en contra de sus voluntades, colocándoles precintos en su brazos y donde eran obligadas a soportar golpes de cualquier tipo, víctimas que eran retenidas por un periodo de tiempo, para luego ser liberadas”.
Los investigadores subrayaron un dato llamativo: la empresa no sólo se encargaba de mantener el orden contra los robos a través de fuerza de choque, sino también autorizaban a personas, previos pagos, a realizar los robos en Urkupiña.
La causa estaba con muy poco movimiento desde 2014. Y luego de la detención de Castillo en otra causa, se reactivó. En el expediente está acreditado que Antequera, a través de otros sujetos nucleados en esta empresa ilegal de seguridad, se hicieron del control violento de calles aledañas a las ferias internadas de La Salada, cobrándoles a los puesteros para instalar sus armazones para la venta.
“Todas esas actividades, las realizaban mediante intimidación de armas de fuego. Aparte se pudo acreditar de la investigación que en la feria en cuestión, funcionaba una fuerzas para-policiales, que castigaban con golpes y con armas, a quienes ellos mismos sindicaban, como feriantes que no pagaban. Asimismo, de la investigación, se determinó las diversas actividades ilícitas y roles que desempeñaban los diferentes sindicados”, indicaron las fuentes judiciales consultadas por este portal.
