La causa apunta a narcotraficantes que montaban empresas en esa zona de Tigre para lavar dinero producto de sus ilícitos. El juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, inhibió de bienes a 16 personas en el expediente y aceptó a la UIF como querellante.
El juez Alberto Patricio Santa Marina avanzó en la causa donde se investiga a una organización sospechada de dedicarse al tráfico de estupefacientes radicada en Nordelta, que utilizaba empresas pantalla para darle apariencia de licitud a las ganancias obtenidas de forma ilícita.
Santa Marina aceptó la solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) de ser tenida por parte querellante en la causa 10801\2012 "Sánchez Gálvez, Andrés Mauricio y otros s\ Inf. Ley 23.737", que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora.
Además de las empresas pantalla, a través de operaciones con fideicomisos y adquisiciones de automotores de alta gama e inmuebles, se introducían en el mercado las ganancias obtenidas de forma ilegal, explicó la UIF.
La Unidad antilavado y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigan a veinte fideicomisos inmobiliarios con negocios que suman un total de 200 millones de dólares invertidos, de los cuales se desconoce su origen.
Las investigaciones revelaron la existencia de una organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes ingresados al país desde Bolivia, Perú y Colombia, acondicionados en Argentina y luego exportados a España, Australia, Estados Unidos, Holanda, Francia e Italia, entre otros destinos, a través de equipajes preparados o mediante empresas vinculadas con la exportación.
Varios de los miembros de la banda residían en Nordelta, y tenían como punto de reuniones la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional de El Talar.
La UIF informó que se investigan las vinculaciones de la banda con reconocidos personajes del narcotráfico colombiano, como Henry de Jesús López Londoño, Alejandro Gracia Álvarez (vinculado a Ignacio Alvarez Meyendorff) y las bandas de "Los Machos" y "Los Urabeños".
En octubre pasado, la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina secuestró más de cien kilos de cocaína escondidos en el piso de una de las camionetas de la banda y se detuvo a cuatro de sus integrantes.
En total ya se realizaron 42 allanamientos en distintos domicilios y se tomó declaración indagatoria a los imputados.
El 4 de diciembre el juez dictó el procesamiento con prisión preventiva de seis miembros de la banda, por el delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.
Asimismo se procesó con prisión preventiva a otros tres miembros por el delito de lavado de activos y dos por el delito de narcotráfico en concurso con el lavado, y se trabaron embargos por un total de 3,6 millones de pesos.
En su reciente resolución, el juez Santa Marina dispuso la inhibición general de bienes de 16 personas físicas y once jurídicas, que la UIF identificó como posible vehículo de lavado de activos, y ordenó el embargo sobre tres bienes inmuebles y una cuenta corriente vinculada con los imputados.
