La defensa de Marcos Bazán, imputado por el femicidio de Anahí Benítez, ocurrido en 2017 en la Reserva Natural de Santa Catalina, reclamó este martes su absolución en el segundo juicio oral y público que se realiza por el caso en los Tribunales de Lomas de Zamora.
“Marcos Bazán ha estado preso 5 años, víctima de una acusación descabellada, en el marco de una investigación irregular, con afirmaciones falsas, desaparición de pruebas y situaciones ambiguas que se tomaron en su contra”, planteó el abogado Manuel Garrido, abogado de Bazán, en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora.
El letrado – referente de la ONG Inocent Project – cuestionó duramente a Diego Tula, el entrenador del perro Bruno que marcó la casa de Bazán y ha sido tomada como una prueba clave de la imputación.
En su extenso alegato también cuestionó los indicios en contra de su defendido que planteó el abogado de la familia de Anahí Benítez. “Habló de indicios pero nunca explicó la relación de estos con este femicidio”, planteó Garrido.
El abogado, en la parte final de su alegato, apuntó la existencia de “un interés político que existió para aquietar la demanda social que había por la desaparición de Anahí Benítez ya que todo ocurrió a menos de 15 días de la PASO de 2017”.
“Hubo presiones sobre los investigadores y hasta la presencia de una agente de la AFI en la fiscalía donde se instruía la causa”, denunció Garrido, quien citó denuncias en las que se daba cuenta del trabajo de agentes de inteligencia en los Tribunales de Lomas “para direccionar y armar causas”.
En esta línea, el abogado sostuvo que “varios fiscales de Lomas de Zamora han sido cómplices de esa utilización de la justicia”.
Además, planteó que desde la UFI que comandaban Verónica Pérez y Fabiola Juanatey se elaboraron “informes informáticos falsos sobre la navegación de Marcos Bazán en Internet”.
“Aquí se han registrado faltas disciplinarias que acreditan una investigación administrativa”, insistió el abogado defensor.
Luego reveló un dato inquietante. En el expediente, por un error en un escrito del número de IMEI del teléfono celular de Anahí Benítez no se lo pudo rastrear mientras estaba secuestrada.
“La fiscalía pudo haber evitado el femicidio de Anahí Benítez si no hubiese actuado negligentemente”, aseguró Manuel Garrido para luego pedir la absolución de Bazán, la investigación de las irregularidades que denunció de la instrucción y del falso testimonio de Diego Tula.
Luego fue el turno de Roberto Fernández, defensor oficial de Marcelo Villalba, imputado por el robo del celular, el abuso sexual y el femicidio de Anahí Benítez.
El abogado sostuvo que los informes psiquiátricos indican que su defendido es imputable y reconoció que hay pruebas para condenarlo por el robo del celular de la víctima y su abuso sexual.
No obstante, insistió en que no existieron pruebas en el debate oral que permitan imputarlo por el femicidio. “Nada se probó sobre la participación de Villalba en el homicidio de la niña”, aseguró Fernández.
El defensor oficial pidió que en caso de condenarlo a su defendido se tenga en cuenta su estado leve de esquizofrenia.
Tras los alegatos, los jueces del TOC 7 dispusieron que le 8 de mayo se realicen la dúplicas y réplicas de los alegatos y las últimas palabras de los acusados. Luego, será el turno de la sentencia.
El femicidio
El 29 de julio de 2017, a las 17, Anahí Benitez (16) salió de su casa en Parque Barón para caminar hacia el Parque Municipal Eva Perón y no regresó. Su familia realizó la denuncia y durante esos seis días en los que Anahí estuvo desaparecida vecinos, amigos y la comunidad educativa de la Escuela Superior Antonio Mentruyt (ENAM) estuvieron buscando a la chica, repartían volantes, hablaban con la prensa y realizaban marchas.
Finalmente, el 4 de agosto encontraron el cuerpo de Anahí enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. Las pericias determinaron que la habían violado y asfixiado.
