La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Quilmes impugnó ante el Consejo de la Magistratura a una jueza civil de ese departamento judicial que pretende ser camarista, a raíz de numerosas denuncias de ex empleados suyos que señalaron haber vivido situaciones de violencia laboral.
La denuncia pública contra la jueza Diana Español, titular del Juzgado Civil y Comercial 3 de Quilmes, hizo que la magistrada desistiera de integrar la ONG “Mujeres para la Justicia”.
“La renuncia de la jueza a esa asociación civil es para la departamental Quilmes un gran logro en defensa de los derechos de todos. Valoramos la creación de organismos para la defensa de los derechos de la mujer pero en este caso era inaceptable la inclusión de esta persona que tanto daño hizo a los trabajadores a su cargo, en su mayoría mujer”, subrayaron desde la AJB de Quilmes.
“Al recibir la información sobre las intenciones de Español de adquirir el cargo, desde la AJB Quilmes realizamos presentaciones ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la ley 11.868, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, entre demás organismos en los que se impugnó la candidatura de la violenta Diana Español para ascender al cargo de Juez de Cámara”, señalaron desde el gremio de judiciales. Y subrayaron: “en todos los oficios se focalizó en los sumarios que se instruyen ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte contra la jueza así como contra su Secretaria, Florencia Caffarena, por los aberrantes hechos de violencia desplegados sobre los compañeros que se desempeñan en el Juzgado a su cargo”.
La AJB denunció que la jueza Español “continúa sistemáticamente con los encierros, insultos, descalificaciones y demás tratos crueles hacia los trabajadores judiciales, por lo que se reiteró el urgente traslado de ellos hacia otras dependencias”.
En tanto, se adelantó que el sindicato de judiciales de Quilmes está trabajando “en la redacción del pedido de jury de enjuiciamiento de Español con la intención de lograr su destitución”.
Con estas medidas se consolida la defensa de los compañeros judiciales, al tiempo en que ratificamos nuestro compromiso de erradicar la violencia laboral y, por todas las vías institucionales, buscamos restituir los derechos laborales que de forma ilegítima y arbitraria, fueron confiscados.
El secretario adjunto de la AJB-Quilmes, Gaspar Destéfano, sostuvo que “el caso de la jueza Español es un hecho gravísimo, con un alto grado de misoginia y violencia laboral”, a la vez que recordó que el gremio hizo la denuncia hace dos años y ahora espera un dictamen de la Suprema Corte.
“Ella sigue en su cargo y la Corte dispuso trasladar a las denunciantes a otros juzgados”, explicó. Y agregó: “Hablamos en tres oportunidades antes de la denuncia con la jueza Español para ver si había un cambio de actitud pero ella niega todo”.
Finalmente, señaló que la denuncia también abarcó a la secretaria del juzgado Florencia Caffarena. “Luego de esta denuncia fue bajada de una terna en la que aspiraba ser jueza de Dolores”, indicó Destéfano.
