Las familias de Nicolás Vázquez, Romina Acuña, Matías González, Jonathan Damián Fernández, Emanuel Maidana y Nicolás López junto a amigos y allegados, se movilizaron este lunes hacia los tribunales de Lomas de Zamora en reclamo de celeridad en los casos y con el pedido de que los reciba el fiscal General Adjunto, Sebastián Scalera. En una reunión a la que tuvo acceso en exclusiva DiarioConurbano.com, el representante del Ministerio Público de Lomas se comprometió a investigar personalmente el estado de las causas, las cuales los presentes denunciaron que la justicia mantiene inactivas.
Con causas sin resolver y con el explícito pedido de esclarecimiento, celeridad y justicia, familiares de víctimas se reunieron en los Tribunales de Lomas de Zamora para exigir avances y visibilización de los casos en que Nicolás Vázquez, Romina Acuña, Matías González, Jonathan Damián Fernández, Emanuel Maidana y Nicolás López perdieron sus vidas, al tiempo que más tarde se sumaron al pedido de justicia por Anahí Benítez enarbolado por la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (ENSAM) de Banfield.
Además de la protesta, que incluyó un corte sobre la Avenida Larroque, los familiares se reunieron con el fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, en su despacho, para que se hiciera eco del estado de las causas que los movilizó, en un encuentro donde DiarioConurbano.com fue el único medio presente.
En la misma, presentaron el panorama de cada una de las causas con el denominador común de la falta de celeridad en la justicia y de la falta de accionar policial para dar con los responsables de los crímenes a la vez que denunciaron arbitrariedades y atropellos por parte del Poder Judicial y fuerzas policiales.
Romina Acuña, madre de Estela Maris Díaz, fue la primera en presentar su situación. Denunció que la causa por tentativa de homicidio sobre Manuel Maidana, uno de los coautores del asesinato de su hija, está cerrada.
El 10 de octubre de 2010 Silvano, que en 2016 fue sentenciado como coautor del crimen y recibió una pena de 7 años de prisión, y su hermano Manuel Maidana, actualmente prófugo, efectuaron al menos dos disparos con arma de fuego, en la puerta de la casa de Acuña ubicada en la calle Rufino Córdoba al 700, del barrio Ministro Rivadavia, en Burzaco, partido de Almirante Brown. Uno de ellos dio en la zona del cuello de Romina que le provocó la muerte.
Otro de los allí presentes, Carlos Fernández, indicó una pavorosa lentitud de la justicia en el marco de la investigación de la muerte de su hijo Jonathan el pasado 12 de agosto en Ingeniero Budge, según él de una puñalada a manos de su yerno David Ortega.
Ortega habría asesinado a su hijo de una puñalada días después de una riña entre los jóvenes motivada por una violenta relación que mantendría el cuñado de Jonathan con su esposa, la hija de Fernández.
Además de éste caso, el sindicado como autor tendría causas pendientes, entre ellas una por la que habría sido penado con un año y medio de prisión por tentativa de homicidio pero que no afectó su situación de libertad.
Sandra Seguí, la madre de Matías González, el joven que salió a comprar el 22 de enero de 2016 y recibó un disparo que le quitó la vida; fue otra de las que sostuvo que hay parcialidad de la justicia. Según ella, el juez que interviene en la causa desistió de la acción y absolvió al sospechoso, el pasado mes de julio. Su teoría es que el juez anuló el juicio “por temor a un juicio político” que podría haberse motorizado tras expedir un fallo.
Por su parte Ana y Aldo, padres de Emanuel Maidana, remarcaron inacción del Poder Judicial y denunciaron que fueron víctimas de un allanamiento ilegal por parte de la policía en su casa de Villa Rita donde no le entregaron una orden ni le confeccionaron un acta en busca de armas en supuesta tenencia de sus vecinos
Emanuel Maidana, de 18 años, fue asesinado el 19 de junio del año pasado en Budge a pocas cuadras de un boliche, cuando se resistió a que le robaran una moto en la que se movilizaba junto a otro chico, que resultó herido. A un año de su muerte aún no hay detenidos en la causa.
Anahí Vázquez, hermana de Nicolás y una de las impulsoras de la marcha, afirmó que el presunto asesino de su hermano sigue libre pese a tener seis causas por asesinato y denunció complicidad de parte de las fuerzas de seguridad para no dar con su persona. También aseguró que habitualmente hay un patrullero controlando el frente de su casa, que los teléfonos del entorno están pinchados y que las amenazas por redes sociales son moneda corriente.
Su hermano de 18 años fue asesinado el 25 de septiembre de 2013 tras salir de un comercio de ropa deportiva ubicado en la peatonal 9 de Julio y Oncativo en Lanús, por el ex comisario de la Policía Bonaerense Héctor Alejandro Amarilla, que le disparó en la nuca tras una breve persecución en el centro comercial de Lanús Este.
Efectivo que se desempeñaba en la Comisaría 2da de Lanús está acusado de “homicidio calificado por la condición de funcionario policial del sujeto activo” y en abril de 2015 el Ministerio de Justicia de la Nación estableció una recompensa que ahora asciende a 500 mil pesos a quien brinde datos útiles para dar con su paradero.
En tanto que Silvana Vescovo, mamá de Nicolás, advirtió que el joven acusado de ser el asesino de su hijo, si bien está identificado y procesado por otros hechos, se encuentra prófugo y es habitual verlo por el barrio excepto por lapsos en los que los efectivos de seguridad realizan operativos en el lugar, por lo que sospecha de connivencia con la policía. Además continúa sin resolución la causa por falso testimonio de un testigo apócrifo que se presentó a prestar declaración en el marco de la causa.
Nicolás López, de 18 años, fue asesinado el 19 de marzo de 2016, a la salida de un boliche en Lanús, en Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña, a metros del local bailable Kla-C. El asesinato habría ocurrido luego de una discusión que mantuvo la víctima y su primo con unos hombres por una cadenita de oro, hecho que más tarde fue descartado. Según informó Vescovo, hay cámaras de seguridad que muestran cómo se sucedieron los hechos, y que son prueba clave para identificar a los agresores.
Ante los reclamos, el fiscal Scalera remarcó su compromiso para a investigar personalmente el estado de las causas, informar a los familiares presentes en la charla lo que pudiese recabar de información sobre las mismas y permanecer con las puertas abiertas de la fiscalía para ellos ante cualquier circunstancia que surja relacionadas a esos procesos judiciales.
