Con fuertes cuestionamientos al Gobierno provincial, la sala I de la Cámara en lo Civil, Comercial y de Familia de Lomas de Zamora rechazó la apelación del Ministerio de Salud bonaerense a la decisión de un juzgado de Familia de Lomas que hizo lugar al pedido de los padres de un niño de 8 años discapacitado, que sufre hidrocefalia, y al que no se le entregan un colchón anti escara neumático con motor de presión; una silla de ruedas; botón gastrotostomía; y medicamentos, que le corresponden por estar dentro del Programa Incluir Salud.
En tanto, advirtieron que si no se cumple con el reclamo, ya avalado judicialmente, hecho por los padres del chico se hará responsable “personalmente” a los funcionarios del Ejecutivo provincial que deben solucionar la situación.
“No puede el Tribunal dejar de considerar -y al mismo tiempo alarmarse- por la manifiesta demora del Estado a fin de tutelar de modo efectivo el derecho a la vida de un niño de ocho años de edad, con la grave afección física que lo aqueja”, señalaron los magistrados lomenses en su resolución.
En tanto, calificaron de “insólita” la respuesta brindada desde el Programa Incluir Salud, dependiente del Gobierno bonaerense. Cuando los padres del menor V.F. hicieron el reclamo para que les entreguen los elementos solicitados para mejorar la situación de salud del chico, desde el Ministerio de Salud provincial se les informó que la demanda podía ser respondida sólo si alguno de los proveedores del Estado tenía esos elementos y si, además, se presentaba a un proceso de licitación, deslindándose de los plazos y la seguridad que podía llevar ese proceso.
“Ante el urgente auxilio requerido por el niño se le responde básicamente que deberá estarse a lo que resulte de un burocrático proceso licitatorio, que naturalmente incluye en su extenso trámite el llamado a licitación del material, su cotización, aprobación y posterior adjudicación; lo que sin duda resulta inadmisible”, cuestionaron los jueces Javier Rodino y Carlos Igoldi, según informaron fuentes judiciales a DiarioConurbano.com.
En tanto, calificaron de “impensable” el hecho de que el Estado provincial “no pueda arbitrar los medios para proveer al requirente la medicación, una silla de ruedas, un colchón antiescaras y un botón gástrico, aunque más no sea para cumplir en forma liminar con la orden judicial impartida”. Y criticaron que no se hayan analizado caminos alternativos al proceso licitatorio argumentado como respuesta.
Los jueces Rodino e Igoldi intimaron al Ministerio de Salud provincial a cumplir con la decisión del juzgado de Familia de Lomas de hacer lugar a los reclamos del menor discapacitado, “bajo apercibimiento de hacer responsables personalmente a los funcionarios públicos que hubiesen intervenido o deban actuar en el caso, ante la posible comisión de los delitos de desobediencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
