“Ahora sí, ya está”. La frase se le escuchó decir – con tono de satisfacción – a un alto funcionario del Ejecutivo provincial luego de conocer la presentación del fiscal adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, para que se detenga al titular de Camioneros y dirigente de Independiente, Pablo Moyano. El núcleo más duro de Cambiemos venía reclamando avanzar más rápido sobre el hijo de Hugo pero chocaba con dos escollos: la complejidad de la causa y los sinuosos caminos del Poder Judicial bonaerense. Ahora, el oficialismo cuenta las horas para llegar al martes a la mañana. Sin embargo, desde el moyanismo insisten en que “no existen pruebas” contra Pablo, y que el juez Garantías de Avellaneda Silvio Carzoglio rechazará el pedido de Scalera.
A esta altura hay algo que nadie duda: el personaje clave detrás de la avanzada contra los Moyano es el procurador Julio Conte Grand. Y no es casual la confianza de este funcionario que responde a Lilita Carrió: Carzoglio tiene dos pedidos de juicio político que Conte Grand con muy poco esfuerzo podrían llegar a reactivar
Muchos conocen la jugada y fue nada menos este sábado en un matutino donde esto quedó expuesto. Víctor Violini, juez de Casación bonaerense, sugirió que el procurador Julio Conte Grand “filtra” escuchas con el objetivo de lograr un puesto en la Procuración General de la Corte de la Nación. “Yo lo dije en una oportunidad, y se lo vuelvo a repetir a Conte Grand, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires no es Comodoro Py”, disparó el magistrado sobre supuestas operaciones del procurador en causas “sensibles”.
En este esquema, si Carzoglio avala el pedido de detención, Conte Grand agrandará aún más su influencia en el Gobierno de Vidal. En cambio, si el juez se planta y rechaza el planteo, más allá de las cuestiones procesales pendientes, será un duro golpe para el procurador, quien terminará debilitado.
Si bien la causa por la asociación ilícita entre barras y dirigentes de Independiente tuvo un fuerte avance inicial, la declaración del excéntrico “Bebote” Álvarez, líder de la hinchada del Rojo, allanó el camino hacia los Moyano. En el entorno del barra confían en que se beneficiará de alguna manera luego de involucrar a Hugo pero más duramente a Pablo.
Vidal y el procurador Julio Conte Grand creyeron tocar el cielo con las manos. Era lo que faltaba para llegar a los Moyano, luego de encarcelar a dirigentes y al sector con más poder de la barra de Independiente. Esto ocurría a principios de este año cuando se vislumbraban meses económicos y políticos difíciles para Cambiemos que ya pensaba en estrategias para focalizar la atención en causas judiciales que involucran a opositores.
Los tiempos parecieron acelerarse pero la fiscal Viviana Giorgi comenzó a sentir la presión al menos pública realizada por dirigentes del oficialismo para avanzar sobre los Moyano. Aquí se dividen las versiones: mientras varias fuentes de Tribunales aseguran que la funcionaria fue desplazada por su jefe, el fiscal general Enrique Ferrari, por no permitirle monitorear la investigación, el jefe de los fiscales de Lomas ha reiterado que tomó la medida porque la propia Giorgi le confesó estar “sobrepasada”.
Junto a Giorgi fue desplazado el fiscal José Luis Juárez, ambos de mucha experiencia en el fuero penal de Lomas. Las cartas quedaron expuestas unos días más tarde cuando los funcionarios pidieron una audiencia con Conte Grand, se la otorgaron y cuando fueron a La Plata el Procurador no los recibió.
La acusación pasó a manos de Sebatián Scalera quien concentra tres causas claves para el Gobierno de Vidal, especies de leading cases de la corrupción durante el kirchnerismo en territorio bonaerense: la dos de La Salada – una contra Jorge Castillo y otra que apunta a Enrique Antequera – y la de la conexión de los barras con dirigentes de Independiente.
Unos meses atrás, el expediente, por un planteo procesal, viajó a la sede de Avellaneda de los Tribunales de Lomas. El cambio significó el alejamiento del juez de Garantías 8 de Lomas, Gabriel Vitale, al que el Cambiemos miraba como inmanejable, y la entrada al campo de juego de Silvio Carzoglio.
Carzoglio, en marzo de este año, tomó una polémica medida contra el Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús (CAAL): dispuso el allanamiento de su sede por el planteo de una lista opositora en medio de un proceso eleccionario. Un dato nada menor: la creación del CAAL fue impulsada por Julián Álvarez, ex secretario de Justicia de la Nación durante el kirchnerismo. El lanusense mantiene aún una fuerte influencia en la conducción de la entidad. Carzoglio terminó siendo durante cuestionado por el propio Colegio y el fiscal al que le firmó la orden de allanamiento, desplazado por Enrique Ferrari.
El oficialismo confía ciegamente en que el pedido de Scalera avalado el martes a primera hora por Carzoglio. En el entorno de Moyano, en tanto, se esperanzan con que el juez no se atreva a confirmar el pedido porque – insisten – “no hay pruebas ni contra Hugo ni contra Pablo”.
Las próximas serán horas claves para determinar cómo se mueven los actores en juego. En Cambiemos se preparan para festejar. En el moyanismo se pintan la casa y dicen estar dispuestos a dar batalla en Tribunales pero, especialmente, en las calles, si es detenido Pablo.
