La Cámara de Senadores bonaerense aprobó en la noche del miércoles el pliego de designación de Julio Conte Grand como Procurador General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, propuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal para suceder a María del Carmen Falbo. En tanto que La Legislatura también dio luz verde a la designación de Guido Lorenzino, del Partido Justicialista, como nuevo Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en reemplazo del radical Marcelo Honores.
El miércoles, se realizó en la Cámara alta una entrevista abierta en la que se analizaron los antecedentes académicos de Conte Grand, se plantearon observaciones y adhesiones a su postulación.
Abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, Julio Conte Grand, estrechó su vínculo con la gobernadora cuando se desempeñó como Procurador porteño durante el paso de Vidal como vicejefa de Gobierno porteño.
Cuando asumió en la Provincia, Vidal lo designó secretario de Legal y Técnica, un cargo desde el cual se controlan todos los decretos que llevan la firma de la Gobernadora.
Y hace un mes atrás, la mandataria envió el pliego al Senado para designarlo al frente del organismo judicial.
En ese momento, la candidatura de Conte Grand a la Procuración fue impugnada por una ONG vinculada a la Justicia que entiende que el funcionario no cumple con los dos años de residencia en la Provincia que demanda la ley para ser designado Procurador de la Corte.
Pero también recibió avales y respaldos de abogados, magistrados, fiscales y hasta de intendentes del peronismo, como Alejandro Granados, jefe comunal de Ezeiza.
LA DESIGNACIÓN DE LORENZINO, EFECTO DEL GRUPO ESMERALDA
Si bien Lorenzino fue funcionario del Ministerio de Seguridad y del de Justicia durante la gestión de Daniel Scioli, lo cierto es que su designación fue impulsada por los intendentes del grupo Esmeralda.
Los legisladores modificaron además la composición del organismo, por lo que el nuevo esquema contempla los cargos de dos adjuntos generales, que serán para el massista Walter Martello uno y otro que quedará vacante hasta que el kirchnerismo defina quién lo ocupa; de derechos sociales, donde se designó a Jorge Eduardo «Cholo» Ancona, del Movimiento Evita; adjunto de derechos humanos y consumidores, del que se hará cargo el saliente Honores.
La norma incluyó también una disposición transitoria que exceptuó por única vez el procedimiento previsto para la elección del Defensor del Pueblo, debido a que su titularidad está vacante desde hace casi dos años, cuando se le venció el mandato a Carlos Bonicatto.
En ese entonces, asumió Honores interinamente por ser el secretario general del organismo. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia lo desconoció como autoridad competente en el marco de la disputa judicial por el aumento de las tarifas a principio de año.
La Defensoría del Pueblo es un cargo que fue creado en la reforma constitucional de 1994, pero que recién comenzó a funcionar en el año 2009.
El Defensor del Pueblo es un órgano de garantía, unipersonal, autónomo e independiente, que promueve los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y quienes se encuentren en tránsito por ella.
Asimismo, debe controlar a las instituciones y funcionarios de gobierno para el cumplimiento de sus deberes y el respeto de la Constitución y las leyes, ejerciendo la magistratura de opinión y persuasión no a través de la confrontación sino de la colaboración crítica.
La elección del Defensor del Pueblo y de los adjuntos corresponde al Poder Legislativo, es decir, son nombrados por los miembros de ambas Cámaras y permanecen en el cargo por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos para un segundo mandato.
La remuneración del Defensor es la misma que la de un senador provincial y la de sus adjuntos será equivalente al 80% de la misma.
El Defensor del Pueblo es un organismo de derechos humanos, en tanto, protege, garantiza y promociona los derechos de todas las personas que habitan el territorio provincial, independientemente de las diferencias nacionales, étnicas, culturales, religiosas, sociales o políticas.
Es por esto, que sus criterios fundamentales de acción se basan en la no neutralidad, trabajando para el fortalecimiento de la democracia en sentido amplio, garantizando el acceso a derechos y actuando en favor de los sectores vulnerables; y en la no judicialización, buscando alternativas que permitan resolver los conflictos de forma menos costosa y más efectiva, como la mediación y el diálogo.
Fuente: Télam
