La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apeló la decisión del juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Eduardo Di Lorenzo, de declararse incompetente en la causa por delitos de lesa humanidad del triple homicidio de los militantes Luis Alvarenga, Vicenta Orrego de Ramirez y María Florencia Vidal, ocurrido el 14 de marzo de 1977 en José Mármol, partido de Almirante Brown.
Cabe recordar que en este caso, una vez cometido el triple asesinato el grupo de tareas se llevó a los tres niños de Vicenta, Mariano de 2 años, María Ester de 3 años y Carlos Ramírez de 5 años, quienes fueron abandonados en un descampado y luego la ex jueza de menores Delia Pons los encerró en el hogar que se conoció como “Casa de Belén”, donde los niños sufrieron abusos inimaginables, hasta poder ser rescatados por su padre y exiliarse. Por esta segunda causa, ex funcionarios judiciales deberán enfrentar un juicio oral y público.
En el caso del triple homicidio, el fiscal federal de Lomas Sergio Mola pidió la detención de ex policías involucrados en el caso. No obstante, la decisión de declararse incompetente del juez Di Lorenzo, enviando la causa a un juzgado de La Plata, dilataría el proceso.
“El juez toma una decisión que dilata gravemente una causa en la que se había logrado avanzar muchísimo e identificar a los presuntos a autores”, explicó el abogado Ciro Annichiarico, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en ese expediente.
En diálogo con DiarioConurbano.com, el letrado sostuvo que el juez federal subrogante de Lomas “aplicó muy equivocadamente el principio de territorialidad para no intervenir en esta causa y derivarla a La Plata. Por eso, hemos apelado esa decisión ante la Cámara Federal de La Plata”. Y agregó: “la decisión del juez pone en peligro todo lo que se avanzó en esta causa compleja y grave”.
Por otra parte, Annichiarico relató una situación que vivió cuando concurrió a presentar la apelación al juzgado federal 2 de Lomas. “El gendarme me impidió el ingreso explicándome que la orden del juez Di Lorenzo era requerir a toda persona el documento de identidad. Algo absolutamente fuera de lugar ya que el documento sólo puede pedirse bajo la posible comisión de un delito y no cuando un ciudadano concurre a una dependencia público. Y mucho menos cuando lo hace en el marco de su trabajo”, sostuvo el abogado.
“El juez subrogante Eduardo Di Lorenzo no solo que no cumple adecuadamente con su magistratura al declararse indebidamente incompetente en una causa por delitos de lesa humanidad, sino que le falta al respeto y entorpece su labor, constitucionalmente protegida, a abogados en ejercicio de nuestra profesión”, finalizó el abogado.
