Profesionales que realizan sus tareas en el Patronato de Liberados, dependiente del Estado provincial, se encuentran en estado de lucha y asamblea permanente ante la denuncia de vaciamiento institucional y persecución laboral. En el marco del paro provincial de los trabajadores estatales, el pasado martes realizaron una protesta frente a la sede bonaerense para exponer su situación.
En diálogo con DiarioConurbano.com Marisa Navarrete, trabajadora social e integrante de la delegación Almirante Brown del Patronato de Liberados, perteneciente a la Regional IV ubicada en Lomas de Zamora, indicó que “desde hace un par de años se viene denunciando el vaciamiento de la institución de forma sistemática”.
La institución cumple un rol fundamental en la reinserción social de aquellas personas con causas penales o que salen de la cárcel y en él, sus trabajadores se encargan de la asistencia y tratamiento de estas así como también de sus grupos familiares.
“Nuestro ejercicio profesional incide directamente en la reincidencia del delito o no y vaciar esta institución significaría que esta población quede sin la asistencia necesaria”, admitió la profesional.
El “vaciamiento” del que dan cuenta los trabajadores se inició, según relató Navarrete, con un convenio de colaboración que se celebró entre el Patronato de Liberados de Brown y la Procuraduría del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, organismo que afirmó “carecen de trabajadores sociales en su plantel”.
A través del mismo, la población a la que asistían en el PLB fue “migrada” al organismo de la justicia para que éste realice los controles pertinentes y el ente browniano continuaba con la asistencia y tratamiento de aquellos que lo requieran.
“Esto significó una disminución considerable de la población beneficiaria” y además “desarticula a la delegación”, advirtió la trabajadora social y puntualizó que el convenio presentó una serie de dificultades como que los tutelados “quedaron presos de la atención con tantos idas y vueltas y con carencias de medios para movilizarse”, además de verse negados proyectos tales como el de finalización de estudios y la prevención de adicciones dirigidos a ellos.
Ante la situación, el colectivo de trabajadores presentó un escrito ante las cabezas del organismo y desde allí comenzaron los conflictos con el personal, quienes aseguró Navarrete que son “víctimas de arbitrariedades por parte del director regional Carlos Bonino, como quite de tareas, cambio de horarios, traslados a la delegación Ezeiza y Echeverría y nueve sumarios”.
“Esto incide directamente en nuestro ejercicio profesional. Estas fueron medidas para aleccionar al colectivo de trabajadores y acallarnos”, fustigó en tanto.
Con este escenario, los trabajadores sociales marcharon el pasado martes a la sede bonaerense del PLB ubicada en La Plata donde dialogaron con el Director Provincial de Regiones, Miguel Greco; quien se comprometió a buscar una solución al conflicto.
Mientras tanto, desde abril la provincia intenta aplicar un protocolo para la implementación del convenio con Procuraduría ante las sucesivas dificultades que se presentan con el mismo en las regionales y direcciones locales. Los trabajadores informaron que lo desconocen, porque a casi dos meses de su aplicación aún no lo recibieron en las dependencias y tampoco se realizaron jornadas de formación para darlo a conocer y ponerlo en marcha.
