La Comisión de Peritxs de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) emitió un comunicado en el que manifiesta su «profunda preocupación» ante el incremento de denuncias y campañas de difamación contra los profesionales que intervienen en causas de violencia de género y abusos contra las infancias. Según advirtieron, se asiste a una «nueva ola de backlash judicial» que busca desacreditar los informes periciales con perspectiva de género.
Desde el gremio señalaron que los peritos enfrentan denuncias sistemáticas ante los Colegios Profesionales y la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte, así como en Unidades Funcionales de Instrucción (UFI). Estas presentaciones suelen alegar «mala praxis» o «mentiras» cuando los dictámenes periciales no coinciden con los intereses de las partes denunciadas.
El fenómeno del «backlash»
El documento define este fenómeno como una «reacción regresiva» frente a los avances normativos en materia de derechos. Los profesionales denunciaron que esta estrategia incluye:
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Reinstalación de teorías refutadas: El uso de dispositivos como el «Síndrome de Alienación Parental» (SAP) y la teoría del aumento de «falsas denuncias», a pesar de haber sido desacreditadas por organismos como UNICEF y el Ministerio de Salud.
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Ataques en redes y medios: Campañas de hostigamiento que buscan poner en duda la formación, experiencia y técnicas de los peritos encargados de evaluar a víctimas vulnerables.
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Persecución a tratantes: Amenazas y cartas documento contra psicólogos y trabajadores sociales, lo que genera que muchos profesionales abandonen el trabajo en el área de violencias.
Crisis de condiciones laborales
A la presión judicial se suma un diagnóstico crítico sobre la situación laboral en el Poder Judicial bonaerense. Los peritos indicaron que el desgaste profesional se ve agravado por una «precarización estructural» que incluye:
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Sobrecarga de entrevistas semanales e imposición de agendas.
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Falta de reconocimiento salarial y paridad con otros cuerpos judiciales.
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Aparición de cuadros de «burnout» y trauma vicario debido a la naturaleza de las causas que atienden.
Exhorto a las autoridades
Ante esta situación, la Comisión de Peritxs solicitó a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio Público Fiscal y a los Colegios Profesionales la adopción de medidas urgentes. Entre los puntos principales, pidieron que se garantice la validez ética de los informes con perspectiva de género e infancia y que se frenen las denuncias infundadas que funcionan como mecanismos de silenciamiento para las víctimas y disciplinamiento para el cuerpo profesional.
