El delegado de la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría, Luciano Greco, apuntó contra la empresa propiedad de la familia Pérez Companc y tras denunciar que la misma se encuentra en la «ilegalidad» e incumplió la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires advirtió que la compañía ejecutará más despidos, mientras aguarda que los trabajadores firmen una rebaja salarial. «Ellos ellos están al margen de la ley y todavía pretenden que le firmemos una rebaja salarial, esto es una extorsión total«, afirmó.
En diálogo con DiarioConurban.com.ar, Greco planteó que la alimenticia incumple la conciliación obligatoria desde el pasado 18 de junio y que, además de plantear una rebaja salarial para equiparar las remuneraciones al «nivel del mercado», pretenden cesar el vínculo de al menos una decena de trabajadores más, un escenario que el delegado de la seccional Echeverría planteó como «inadmisible».
«Es una empresa que está totalmente en la ilegalidad. Nosotros estamos luchando por lo que nos corresponde por ley, mientras ellos pretenden de manera extorsiva que le firmemos una rebaja salarial y, no conforme con ello, además quieren echar a 10 trabajadores más. Es una situación que bajo ningún punto de vista nos podemos permitir», señaló.
A la espera de la próxima reunión con la empresa, Greco sostuvo que, aunque la conciliación obligatoria se encuentra vigente de momento, no se descarta ningún tipo de medida de fuerza tras la finalización de la misma. «Seguramente después del próximo encuentro con la empresa, en las asambleas decidamos los pasos a seguir. Las medidas de acción directa son una posibilidad, están sobre la mesa«, planteó.
De acuerdo con lo expresado por el delegado habría por lo menos entre 20 y 25 trabajadores cuya fuente de trabajo se encuentra en riesgo por la política de reducción aplicada por la compañía que, según especificó Greco, busca alinearse a los costos del mercado, a pesar de que la alimenticia registró ingresos por $882.117 millones de pesos, de acuerdo con datos que se desprenden de su balance anual.
«Estamos con mucha bronca y preocupación porque vemos como una empresa que no tiene ningún tipo de crisis quiere trasladar a los trabajadores el riesgo empresario, y además, se maneja en la ilegalidad total. Es todo ilegítimo lo que hicieron», subrayó al tiempo que cuestionó al Ministerio de Trabajo de la Provincia por no constatar el incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la empresa.
«Esto que ejecuta Molinos no es otra cosa que una muestra más, un paso más para avanzar hacia la reforma laboral, sindical y previsional que quieren imponer y que busca acabar con los convenios colectivos de trabajo, los sindicatos y las comisiones internas. La empresa admitió que no quiere cumplir con el convenio colectivo de trabajo, sino que quiere guiarse por lo que dicta el mercado que es una salario de pobreza», concluyó.
