«El Presidente y sus funcionarios que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el derecho constitucional a la estabilidad en el empleo público, como figura en el artículo 14 bis. Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela«, apuntó el secretario general de ATE.
«Frente a esta tragedia social que están provocando, nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos, que es ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión. Como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar», concluyó Aguiar.
Los vínculos laborales que están en riesgo son unos 70 mil. De ese total, 65 mil corresponden a los denominados Artículo 9 de la planta transitoria del Estado, y el resto son contratos de Asistencia Técnica y Profesional (ATP).
