Por más de cinco horas, efectivos de la Prefectura Naval Argentina inspeccionaron las oficinas del IMPTCE de planta baja y de primer piso del edificio municipal. Fuentes cercanas al Ejecutivo local alegaron que estaban en “búsqueda de unas facturas que una empresa de seguridad le dio al Municipio y que serían truchas”. No obstante, una voz extra oficial señaló a DiarioConurbano.com que el allanamiento “fue un llamado de advertencia” al intendente Martín Insaurralde y que seria la antesala de “los carpetazos”.
Alrededor de siete prefectos estuvieron revisando las oficinas de la planta baja del IMPTCE y la oficina del primer piso de contaduría, pagos, personal, tesorería y compras. Mientras se realizaba el allanamiento, el intendente Martín Insaurralde participaba del recorrido junto al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, por el CPU lomense, por lo cual, desconocía lo que estaba ocurriendo en las oficinas municipales.
En tanto, “le llamó la atención a varios funcionarios que Ritondo estaba en el distrito justo en el momento del allanamiento”, deslizó una fuente cercana al Municipio.
El hermetismo reinó durante toda la mañana. Otra fuente cercana al Ejecutivo municipal contó a este medio que la Prefectura “estaban buscando las facturas de una empresa de seguridad que facturó al Municipio por el servicio que brindó dentro de ACUMAR y que parece que son truchas” y aclaró que “el Municipio no tiene nada que ver con esto, no tiene poder de fiscalización, por lo cual, no puede saber si las facturas que recibe son copiadas, truchas o clonadas, de eso se encarga la AFIP”.
También, explicó “la empresa ya no presta ningún servicio al Municipio, lo prestó en su momento por ACUMAR” y remarcó que “Insaurralde no tiene nada que ver con esto”. Otro dato es que la orden de allanamiento fue dada por el fiscal federal Luis Armella, de Quilmes.
La “explicación oficial” dejó más dudas que certeza y paralelamente comenzó a asomar otra versión que apunta a que el allanamiento tendría que ver “con una estafa de tarjetas sociales que llegan de Provincia al Municipio para entregar a las personas de bajos recursos y que no habrían sido entregadas”. La situación provocó bastante ruido dentro del arco político peronista lomense y advirtieron que “se trata de una maniobra política para ‘apretar’ al intendente Insaurralde” debido a que en las últimas semanas ha tenido un mayor grado de exposición y comenzó a alzar la voz como representantes de la oposición peronista.
Otra voz extraoficial cercana al Ejecutivo municipal, sostuvo a este medio que “es posible” la lectura política de los hechos aunque ratificó que Prefectura “estaba detrás de una empresa que no paga los aportes de sus clientes” y consideró que el show que montaron los prefectos durante toda la mañana en las oficinas de IMPTCE “fue un llamado de advertencia” a Insaurralde.
