En un reciente fallo el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Isabel Ación, ordenó la clausura total del Centro de Recepción Penal de esa localidad con expresa prohibición de alojamiento, informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a través de un comunicado. En tanto, expresó nuevamente su preocupación “por el estado de desprotección absoluta y la vulneración sistemática de sus derechos a la que son sometidos los jóvenes alojados en instituciones de encierro en la provincia de Buenos Aires”.
Las condiciones de detención de este centro, descriptas en el habeas corpus presentado por el agente fiscal Pablo Rossi y que motivaron la decisión judicial, no constituyen una excepción sino que -como ha venido denunciando la CPM- son el rasgo dominante de una política general de promoción y protección de derechos para niñas y niños cuyo principal responsable es el Estado provincial y que en el último año tuvo, entre sus consecuencias lamentables, la muerte de dos jóvenes.
El habeas corpus del fiscal Rossi describe con detalle las violaciones a los derechos humanos que sufren los jóvenes alojados en el Centro, y que desde el año 2010 han sido motivo de reiteradas intervenciones por parte de la CPM a través del trabajo del Comité contra la Tortura.
En el Informe sobre Niñez que presentó la CPM en Ginebra ante la ONU se alertaba, entre otros temas, sobre las condiciones de encierro en el Centro de Lomas. En el 2012, las denuncias realizadas desde la CPM lograron que el Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU realizara una inspección en el lugar: allí fueron constatadas graves violaciones a los derechos humanos que se acompañaron en un informe posterior con recomendaciones al Estado argentino para transformar la situación.
Sin embargo, la situación de extrema vulnerabilidad se mantuvo y en el año 2013 la CPM solicitó ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Lomas de Zamora la clausura de algunos pabellones, pedido que fue reconocido en un fallo de la jueza Ación. Inspecciones posteriores realizadas por el CCT-CPM advirtieron, no obstante, que la decisión no había modificado sustancialmente la situación del lugar. Por esa razón, en junio de 2015 se realizó una nueva petición de clausura que fue retomada por el agente fiscal Rossi.
“Luego de reiteradas visitas e inspecciones al Centro, el agente fiscal constató graves problemas estructurales edilicios, la ausencia de agua potable y de un sistema de desgaste cloacal. En virtud de los resultados obtenidos en intervenciones anteriores, el habeas corpus señala que “´imponerle al Poder Ejecutivo obligaciones de modificaciones sin clausura sólo siembra un camino de buenas intenciones y eventualmente algunas mejoras”. Por esta razón solicita la clausura total con la prohibición de alojamiento´”, precisó la CPM.
Este pedido motivó el fallo reciente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Lomas de Zamora, en el que se destacan los siguientes puntos:
-Disponer la clausura total, con expresa prohibición de alojamiento, del Centro de Recepción Penal de Lomas de Zamora.
-Otorgar el plazo de 10 (diez) días hábiles para reubicar a todos los adolescentes allí alojados.
-Garantizar el resguardo de los derechos e integridad emocional y física de cada uno de los jóvenes, en sus nuevos lugares de alojamiento.
-Disponer el cumplimiento, con carácter de urgente, de medidas tendientes a mejorar la estructura edilicia del Centro, refacciones generales que permitan garantizar un ambiente digno con acceso a la salud y la educación, capacitar al personal, establecer protocolos de actuación y convivencia, y promover acciones recreativas que mejoren la calidad de vida de los jóvenes allí alojados, entre otras.
“La CPM valora este fallo, entendiendo que es una intervención que permite modificar el estado de vulneración en que se encuentran los jóvenes. No obstante, insiste en señalar que éste no es un caso aislado sino el emergente de una realidad extendida y generalizada en todos los lugares de encierro para jóvenes en la provincia de Buenos Aires”, se indicó en el comunicado de prensa.
“Por esta razón, exigimos la inmediata y urgente desactivación del circuito penal de la niñez en las actuales condiciones porque incumplen la normativa, se naturalizan como depósitos precarios para la exclusión social de los más jóvenes y configuran la antesala a los penales de adultos. En la medida en que el Estado no pueda cumplir con las garantías mínimas de tratamiento para los más jóvenes, sería dable pensar que tampoco podría arrogarse la facultad de su encierro en condiciones altamente gravosas desde el punto de vista humanitario y normativo. La imposibilidad de transformar estos contextos de vulneración sistemática de los derechos humanos de los jóvenes es una muestra más del profundo fracaso de las políticas de promoción y protección de los derechos de las niñas y niños en la provincia de Buenos Aires”, finalizó la CPM.
