Dos nuevos proyectos de ley, impulsados de forma independiente por la diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, y el legislador de La Libertad Avanza, Pablo Morillo, buscan prohibir definitivamente la tracción a sangre animal en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Las propuestas apuntan a saldar una deuda histórica que combina el bienestar animal con la emergencia social de los recolectores urbanos.
El texto presentado por la diputada Braga plantea un esquema de eliminación progresiva de la actividad, diseñando un andamiaje normativo que ampare a los animales sin desproteger a las familias que dependen de los carros como estrategia de subsistencia. En detalle, la normativa prohíbe el uso de equinos, asnales, mulares, bovinos o cualquier otra especie para el transporte de personas o cargas, dejando estrictamente exceptuadas las tareas netamente rurales, las disciplinas deportivas y las manifestaciones culturales autorizadas que acrediten el resguardo sanitario del animal.
Una doble problemática: maltrato animal y exclusión social
En los fundamentos de la ley, Braga trazó una radiografía sobre la realidad de los denominados «carreros» en los municipios del Conurbano. “Durante décadas, miles de animales fueron utilizados en tareas de transporte de residuos, materiales y mercancías. Esta realidad, profundamente arraigada en contextos de vulnerabilidad social y económica, expone una doble problemática: por un lado, el padecimiento de los animales sometidos a extensas jornadas de trabajo, condiciones sanitarias deficientes, sobrecarga física, desnutrición, accidentes y abandono, y por otro, la situación de exclusión social que atraviesan numerosas familias”, puntualizó la diputada.
Eje en la reconversión laboral: El proyecto de la Coalición Cívica determina que la medida no puede concebirse meramente desde una óptica proteccionista, sino que debe instrumentarse como una política pública de “inclusión social, reconversión laboral y fortalecimiento de la economía popular”.
Para viabilizar este cambio, la legisladora propone la fundación del Programa Provincial de Reconversión de la Tracción a Sangre Animal, una estructura orientada a censar a los trabajadores del sector, promover capacitaciones de inserción productiva, facilitar herramientas de transporte sustitutivo y coordinar el traslado de los caballos retirados hacia centros de resguardo, adopción y rehabilitación biológica.
Vehículos eléctricos, créditos del Bapro y antecedentes
El engranaje financiero para reemplazar los carros contempla la entrega de vehículos de carga motorizados o eléctricos de bajas o nulas emisiones de gases. Dicha entrega se gestionaría a través de comodatos gratuitos con opción de transferencia de dominio, leasing subsidiado o asignaciones directas a cooperativas de cartoneros. Para sustentar el plan, Braga estipula la creación del Fondo de Transición de Tracción a Sangre (FOTRAS) y el lanzamiento de líneas de crédito blandas específicas por parte del Banco Provincia.
Como antecedentes exitosos de reconversión, el expediente cita los operativos implementados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el caso de la ciudad de La Plata, donde la Universidad Nacional local diseñó el prototipo eléctrico EQUS; y la experiencia de Río Cuarto, Córdoba, donde desde el año 2006 se sustituyen los caballos por unidades motorizadas denominadas “zootropos”, un esquema replicado en 25 comunas del país.
Por su parte, el proyecto ingresado formalmente por el diputado libertario Pablo Morillo converge en la misma dirección prohibitiva y drástica en todo el Suelo Bonaerense. El articulado de Morillo define de manera taxativa la práctica como la utilización de cualquier tipo de animal para arrastrar carros u otros dispositivos destinados al traslado mediante el empleo de su propia fuerza, declarando la ilegalidad de la actividad sin excepciones en los cascos urbanos.
Los intentos fallidos en los períodos legislativos previos
El debate por la tracción a sangre arrastra un largo historial de frustraciones y pérdida de estado parlamentario en los despachos provinciales. En mayo de 2024, el entonces diputado de Juntos (PRO) y exintendente de Quilmes, Martiniano Molina, reflotó una ley de prohibición total que ya había quedado archivada en el período de sesiones de 2022.
En noviembre de ese mismo año, la senadora del bloque radical Flavia Delmonte sumó otro texto para erradicar el uso de equinos en tareas de recolección y reparto en zonas urbanas por considerarlo un flagelo social, económico y ambiental. Sin embargo, la falta de consensos políticos y la falta de partidas presupuestarias provocaron que ninguna de esas anteriores iniciativas consiguiera transformarse en ley, un escenario de parálisis que los bloques de la oposición y el oficialismo técnico buscan quebrar con este nuevo tratamiento en comisiones
