La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un operativo estratégico para aliviar la situación fiscal de los jubilados y pensionados bonaerenses. La medida se tomó tras detectar que cerca de 17.000 adultos mayores acumulan deudas en el Impuesto Inmobiliario por un monto total de $798 millones, a pesar de que cumplen con las condiciones legales para estar exentos de la obligación.
El organismo que conduce Cristian Girard implementará operativos de cercanía y jornadas de atención especial, que incluirán visitas domiciliarias, para eliminar las trabas burocráticas que impiden a este sector acceder a los beneficios fiscales vigentes.
Requisitos para acceder a la exención
El beneficio permite la condonación de deudas de hasta cinco años de antigüedad y la liberación de pagos futuros. Para ingresar al régimen, los interesados deben cumplir con los siguientes puntos:
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Ingresos: El grupo familiar no debe exceder los dos haberes mínimos mensuales.
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Patrimonio: Ser titulares de una única propiedad en todo el territorio provincial.
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Valuación: El valor fiscal del inmueble no debe superar los $6 millones.
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Situación fiscal: No registrar inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Cruce de datos y atención en los barrios
Para optimizar el alcance, ARBA solicitará a la ANSES el padrón de beneficiarios residentes en la provincia para identificar de oficio a quienes califican para la exención pero continúan acumulando deuda por falta de información.
Asimismo, se coordinarán acciones con el Instituto de Previsión Social (IPS) y los distintos municipios para descentralizar la atención y llevar la gestión administrativa directamente a los barrios.
Un compromiso con el cumplimiento
Desde la conducción de la Agencia remarcaron que los jubilados históricamente han mantenido un cumplimiento ejemplar, por lo que la deuda suele ser una carga moral para ellos. «Es fundamental acompañar a un sector que históricamente demostró un alto compromiso tributario», señalaron desde el organismo.
Con esta política, el Estado provincial busca depurar carteras morosas incobrables y, fundamentalmente, fortalecer el poder adquisitivo de los pasivos en un contexto de presión económica sobre los ingresos fijos.
