El preso que se intentó escapar del Complejo Penitenciario Nº 59 de Merlo no es uno más de la población carcelaria. Luego de que el portal de noticias Primer Plano Online publicara la noticia sobre su fuga frustrada en la mañana de ayer el sistema judicial de Morón quedó conmocionado: es que se puede calificar, sin dudarlo, como el protagonista del hecho policial más espeluznante en la historia de Ituzaingó.
Hasta el momento de ese caso no había trascendido nada y hoy este medio lo hace con la prudencia que requiere una información tan delicada. El hecho terminó con una condena a 48 años de prisión luego de la confesión que realizó en el juicio en su contra José Ezequiel Martínez Ríos (35) y de la evidencia recopilada en la investigación, entre otras cosas, material genético suyo.
“Lo único que tengo que decir es que me declaro culpable, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el fiscal. Todo lo que dijo es cierto. Me hago responsable de mis hechos y actitudes me declaro culpable. Soy culpable”, fue lo que expresó el sujeto sentado en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Morón, integrado por los jueces Humberto González, Osvaldo Fabián Cedarri y Claudio Chaminade. El fiscal que terminaba de leer la acusación era Pablo Galarza.
Ahora bien, ¿por qué recibió semejante condena Martínez Ríos? La investigación fue sumamente compleja aunque se resolvió con relativa prontitud por la fiscal Gabriela Millán, de la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó. Arrancó con apenas una imagen difusa tomada desde la cámara de un portero eléctrico, y que siguió con una huella dactilar hallada en un elemento que descartó en la huida.
Ocurrió el 15 de diciembre de 2022 en un domicilio de Parque Leloir. Aquella noche, el condenado ingresó a robar a la vivienda y, luego de atar con precintos de pies y manos al matrimonio propietario de la finca, abusó sexualmente de sus hijas, ambas menores de edad. El infierno que vivió esa familia aquella jornada y contra el que todavía batalla no tiene sentido que sea narrado más allá de esto.
A Martínez Ríos no hubo artículo del Código Penal que le hayan impuesto. Además del material genético, cuando la Policía allanó su casa de Parque San Martín, en Merlo, secuestró artículos como televisores, zapatillas y celulares que pertenecían a las víctimas. Los datos aportados por esos dispositivos tecnológicos y el reconocimiento hecho por papá y mamá de las menores fueron también evidencias contundentes, más allá de la propia e inapelable confesión del acusado.
Además de semejante delito también le imputaron otra entradera dramática ocurrida dos días antes en Castelar, en la Martínez Ríos le colocó el cañón del revólver que portaba en la boca a la mujer propietaria de la finca y golpeó tanto a ella como a su marido con el arma. En ese robo huyó con la camioneta de las víctimas y demás objetos de valor.
Justamente una de las claves para la detención del condenado fue la observación hecha por un patrullero policial, que vio al Peugeot 208 en que se manejaba el sujeto con un cómplice y que quedó filmado en ambos hechos. El rodado pasó por un cesto de basura público y arrojó un objeto verde, que llamó la atención del personal policial.
Los uniformados se acercaron, tomaron la caja y constataron que eran dos libros del manual de propietario y otra documentación de la camioneta robada al matrimonio oriundo de Morón. Las huellas dactilares encontradas ahí fueron otra prueba en contra del sujeto.
A Martínez Ríos, el condenado que quiso escaparse de la cárcel de Merlo, lo condenaron a 48 años de prisión por los delitos de hurto agravado por escalamiento en tentativa, robo agravado por el uso de arma, robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se tiene de ningún modo por acreditada, abuso sexual con acceso carnal mediando violencia y agravado por haber sido cometido con arma reiterado (cuatro hechos), abuso sexual con acceso carnal de una persona menor de trece años de edad agravado por haber sido cometido con el uso de arma, todos en concurso real entre sí, los que a su vez concursan idealmente con corrupción de menores agravada por haber sido cometida con violencia (dos hechos).
Por eso el sistema judicial de Morón se paralizó cuando ayer trascendió el intento de fuga que protagonizó el sujeto. En cuanto a delitos cometidos, todos los operadores que intervinieron en la investigación y juzgamiento analizan que se trató del caso más aberrante que les tocó.
En cuanto al monto de la pena hubo otros casos en donde se aplicó el máximo de 50 años, como el del femicida Ángel Borile (que asesinó a su esposa Ivana Gómez y el escribano Néstor Rombolá en 2014) y Alejandro Manuel Rosario Leguizamón, condenado por abusar sexualmente de sus propias hijas.
Fuente: Primer Plano Online
