En un duro revés para la administración de Javier Milei, la Justicia Federal ordenó al Poder Ejecutivo la implementación inmediata de la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad. El fallo, dictado por el juez Adrián González Charvay, hizo lugar a un amparo colectivo presentado por organizaciones del sector, poniendo fin a la suspensión de facto que el Gobierno mantenía sobre la normativa.
La medida judicial exige no solo la puesta en vigencia de la ley, sino también la regularización urgente de los pagos atrasados a los prestadores de servicios, el restablecimiento de coberturas de transporte y tratamientos médicos, y la actualización de los aranceles del nomenclador nacional, puntos críticos que habían llevado al sistema al borde del colapso.
«Exceso de facultades»
La sentencia es contundente en sus fundamentos. El juez González Charvay consideró que el Ejecutivo incurrió en un «exceso de facultades» al frenar una ley que fue promulgada por insistencia del Congreso Nacional.
«La promulgación de una ley por insistencia no admite excepciones, condiciones ni suspensiones administrativas», remarcó el magistrado, recordando que el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga a su publicación y cumplimiento sin dilaciones.
Límites al ajuste
El fallo tiene una lectura política profunda: rechaza el argumento del «déficit cero» o la falta de presupuesto como excusa para incumplir mandatos legislativos. Según el juez, aceptar que el Gobierno pueda frenar una ley por motivos económicos implicaría convalidar «una forma encubierta de veto», rompiendo el equilibrio de poderes.
Esta decisión judicial llega en un momento de alta tensión social y respalda los reclamos de miles de familias que, en los últimos meses, denunciaron el abandono estatal y el corte de prestaciones vitales bajo la política de ajuste fiscal.
