La Red de Jueces Penales Bonaerenses alertó sobre la “preocupante” situación salarial de los jubilados del sector como así también de magistrados, funcionarios y el resto de los trabajadores del Poder Judicial provincia.
“Los haberes de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial bonaerense –es decir, de quienes seguimos en actividad y, con igual o mayor razón, de nuestros jubilados– han sufrido un manifiesto deterioro en los últimos años, máxime si se los coteja con las retribuciones que perciben quienes ejercen idénticas responsabilidades en otros estados provinciales. Repárese que del total de las jurisdicciones locales (son veinticuatro, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), los sueldos de la justicia bonaerense ocupa uno de los últimos lugares, siendo el estado provincial con la mayor conflictividad judicial del país”, expresó la entidad en un duro documento.
En la misma línea, reconoció los esfuerzos del Gobierno provincial pero destacó la importante cantidad de vacantes sin cubrir.
“Hay un atraso remunerativo respecto de los sueldos de los agentes, secretarios, miembros del Ministerio Público y jueces de las diversas instancias del fuero federal, donde la brecha salarial tiene ribetes históricos. Esa diferencia es abismal y, en gran medida, viene provocando un éxodo de la justicia provincial hacia el fuero federal, sobre todo en el Conurbano. No es un dato desdeñable de la realidad que calificados funcionarios y jueces provinciales no sólo han migrado a otros poderes judiciales, sino también al ejercicio de la actividad privada”, lamentó la Red en su comunicado.
Los jueces sostuvieron que “el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, en la medida de sus respectivas competencias, deberían contemplar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para corregir la manifiesta desigualdad salarial, respecto de los funcionarios y magistrados judiciales de otras provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del fuero federal, según el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea”.
Y finalizaron: “No se trata de una simple cuestión salarial, sino de una significativa afectación a la independencia del Poder Judicial, que requiere también de la debida preservación de los miembros que fueron formándose en el quehacer judicial a través de muchos años y que el señalado éxodo – tanto a otros poderes judiciales con retribuciones sensiblemente superiores, cuanto al ejercicio profesional de la abogacía– indudablemente menoscaba”.
