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Desde el gremio de médicos advirtieron que la restitución de Ganancias «vulnera el derecho a la salud»

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El secretario General de CICOP y médico del Hospital Fiorito de Avellaneda, Aníbal Aristizábal, se pronunció en contra de la reinstauración del impuesto a las ganancias (que afectan, entre otros, a los profesionales de la salud que trabajan en guardias) y sostuvo que la aplicación del mismo «vulnera» el derecho a la salud de los bonaerenses.

En diálogo con DiarioConurbano.com.ar, Aristizábal dio cuenta de cómo la situación afecta en particular a los médicos y al personal de la salud que se desempeñan en las guardias de los hospitales bonaerenses que, ante este escenario y de acuerdo a lo planteado por el presidente de la CICOP, Pablo Maciel, podrían llegar a dejar de funcionar en algunos nosocomios, a causa de la merma experimentada en los salarios producto de la restitución del impuesto.

«Esta situación va a desembocar en que los empleados de la salud trabajen más, y cobren menos y no da garantías de que las guardias continúen operando. En las ciudades más grandes, los tiempos de espera se van a incrementar, y en el interior de la Provincia, las guardias que no se cubran van a implicar que la gente, en algunos casos, deba trasladarse cerca de 100 kilómetros a un hospital municipal para recibir atención sanitaria», planteó el dirigente de CICOP.

Dada la pluriempleablidad que existe en el sector, que hace que los salarios de los trabajadores sea más elevado, (en función de la mayor carga horaria laboral) la situación golpea al área de salud que con la aplicación del impuesto pasarían incluso a percibir un salario inferior.

«Es ridículo. Se necesita un salario de un millón 100 mil para no ser pobres y a partir de un millón 600 mil empezás a pagar impuesto a las ganancias. No tiene sentido», planteó Aristizábal, quien además agregó que junto a otros sindicatos afectados por la restauración del impuesto, incluido en la sanción de la Ley de Bases, realizarán una presentación judicial contra lo que consideran una sanción «inconstitucional» del proyecto en el Congreso argentino. «Es un avasallamiento al derecho de los trabajadores argentinos a percibir un salario», planteó.

Por último, Aristizábal aseguró que «los gremios no se van a quedar de brazos cruzados» y señaló que no se detendrán hasta que la Justicia haga lugar a su reclamo. «Nuestro reclamo es legítimo, y no vamos a dejar que caiga en oídos sordos», concluyó.


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