Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, el Gobierno nacional implementó una política de ajuste y reducción del gasto público que derivó en la pérdida de 59.802 puestos de trabajo dentro del Sector Público Nacional. Esto representa una caída del 16,8 % en la planta estatal y equivale a más de 85 personas despedidas por día, según un informe del Centro de Política Económica Argentina (CEPA).
Despidos por tipo de organismo
Los organismos descentralizados fueron los más afectados en términos absolutos, seguidos por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados. En términos proporcionales, el ajuste impactó con mayor fuerza en la administración descentralizada, lo que refleja un vaciamiento de funciones clave dentro del Poder Ejecutivo.
Empresas estatales con más cesantías
El Correo Argentino encabeza la lista de despidos con 5.118 trabajadores cesanteados, seguido por la Operadora Ferroviaria S.E. con 3.265 bajas, el Banco Nación con 2.033 desvinculaciones, y Aerolíneas Argentinas con 1.856 puestos eliminados.
En términos proporcionales, el recorte más drástico se produjo en la ex Télam, donde se despidió cerca del 80 % del personal. También se registraron reducciones significativas en ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E.
Administración Pública Nacional
Dentro de la Administración Pública Nacional (APN) —que incluye organismos desconcentrados y descentralizados— el mayor número de despidos se dio en ARCA, con 3.186 puestos eliminados, seguido por el CONICET, con 1.918 trabajadores menos, y la ANSES, que redujo su plantilla en 1.559 personas.
En términos proporcionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales fue el más afectado, con una pérdida del 64 % de su personal. Le siguieron la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 46 %, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que recortó un 43 % de su dotación.
Las cifras reflejan el alcance del ajuste aplicado durante los primeros meses de gestión de Milei, con un fuerte impacto en las capacidades operativas del Estado nacional y en los sectores vinculados a servicios públicos, investigación y políticas sociales.
