El aislamiento social, preventivo y obligatorio dejó en evidencia el grave atraso digital y tecnológico que maneja el Poder Judicial, lo cual, genera en este contexto de pandemia un atraso importante en el tratamiento de las causas judiciales. Desde el Colegio de Magistrados bonaerense advirtieron que “no se está en condiciones de dar el 100% del trabajo” y reclamaron elementos tecnológicos para cumplir con su labor. En tanto, aclararon que no sienten ninguna limitación para tratar los pedidos de prisión domiciliaria que realizaron defensores oficiales sobre las personas privadas de su libertad y que son pacientes de riesgo.
“Nosotros nos encontramos en el desafío de mantener la actividad del Poder Judicial como poder del Estado en esta coyuntura que afecta a toda la sociedad. Nos encuentra con el desafío de garantizar el servicio, pero con la imposibilidad de no tener los medios suficientes para hacerlo desde el punto de vista tecnológico. No somos un poder privilegiado en cuanto a recursos, medios ni salarios. Estamos atrasados respecto a modernización y tecnología”, planteó el vicepresidente del Colegio de Magistrados provincial, Claudio Santagati, en diálogo con DiarioConurbano.com.
Precisó la ausencia de “teléfonos celulares en cada fuero, de equipos con el sofwere adecuado para trabajar, equipos tecnológicos como cámaras webs”, lo cual, aclaró: “No es previsto por el Estado sino por nosotros”. Además, apuntó a la mala conexión de internet. “Hay una serie de factores que hace que la idea del teletrabajo no se pueda dar al 100% ahora, eso limita la efectividad del servicio”, explicó.
No obstante, el también presidente de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora aclaró que “el Poder Judicial está funcionando a pesar de la suspensión de términos judiciales, se ha acompañado el servicio de justicia desarrollando todo lo que tenía que ver con casos urgentes de despacho y en todos los fueros”.
En ese sentido, Santagati evitó cruzarse con el Colegio de Abogados bonaerense que reclaman que la Justicia funcione plenamente, con los recaudos sanitario e higiénicos necesarios por el COVID-19, al considerar que “son comunicados que no aportan a la solución de los problemas” y sostuvo que “son instituciones con las cuales se trabajar en el servicio de Justicia”.
“No estamos en condiciones de dar 100% el trabajo, si vamos a preservar la salud y vamos a preservar el aislamiento social, tenemos que tener los medios técnicos para hacerlo desde nuestro domicilio y eso no está dado al 100%. Vamos a dar lo que se nos provea por parte del Estado con la posibilidad cierta de darlo”, insistió.
Ante esta situación, el representante del Colegio de Magistrados bonaerense confió en que se avanzará sobre estos reclamos para agilizar el trabajo de la Justicia, a lo cual, indicó que existe “el compromiso de proveer toda la tecnología” que hace falta.
“El Poder Judicial carece de micrófonos y cámaras webs, los magistrados solo tiene su celular propio, hay uno por fuero que va rotando y muchos son obsoleto. No hay falta voluntad, pero cómo hago para tratar un expediente papel desde mi casa, o si tengo que tomar una audiencia a un preso en Bahía Blanca y no hay cámara ni celular, el juez no está obligado a dar su propio número. Hay una conjunción de factores externos que nos limita”, planteó el magistrado.
Por otra parte, Santagati le bajó el tono a las repercursiones por las declaraciones del procurador general Julio Conte Grand quien cuestionó los pedidos que realizaron los defensores oficiales para que se le otorgue la prisión domiciliaria a las personas privadas de su libertad que son pacientes de riesgo. Instó, en ese punto, a realizar “una lectura integral de lo dicho por el procurador” y explicó: “Nosotros estamos obligados a cumplir con las resoluciones que nos llevan a analizar caso por caso y ver cada caso porqué están en grupo de riesgo como para pedir el arresto domiciliario o el uso de pulsera. Eso no quiere decir que los 40 mil presos que entran en ese grupo, están en condiciones de hacerlo”.
“Más allá de analizar o no las declaraciones del procurador, está la posibilidad cierta de los operadores de decidir o no la libertad domiciliaria con total criterio o posibilidad de actuar. Nosotros no nos sentimos limitados por ninguna declaración, bajo ningún aspecto”, aseveró.
En tanto, consideró que “el poder político podría tomar un tipo de medida, el indulto o conmutación de pena” y replicó: “Nosotros los jueces y los miembros del Ministerio Público, tenemos que tomar en consideración los pedidos que se hacen de carácter individual y que tiene que ver con la población de riesgo”.
