La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires reclamó que se ponga en marcha la autonomía de la Defensa Pública, dispuesta a través de una ley que nunca llegó a cumplirse. Actualmente, tanto los defensores oficiales como los fiscales dependen del procurador general Julio Conte Grand.
La ley de autonomía de la defensa pública bonaerense fue aprobada hace ya varios años pero en 2019 la Suprema Corte convalidó su constitucionalidad. Desde ese momento, la Procuración y el Consejo de la Magistratura no realizaron acciones, por ejemplo, para designar a un defensor general oficial bonaerense y mucho menos para crear la estructura correspondiente, con el pertinente presupuesto.
“Se necesitan defensores públicos que no sólo patrocinen el acceso a la justicia, haciendo realidad la tutela judicial continua y efectiva de los carentes de recursos, sino también que ejerzan la defensa de los derechos fundamentales de las personas sometidas a proceso. La significativa importancia que reviste la defensa pública para la efectivización de esos principios constitucionales, a su vez, está realzada por la probada circunstancia que la gran mayoría de los procesos que se tramitan en el sistema penal bonaerense, cuentan con el patrocinio y representación de defensores oficiales”, planteó la Red de Jueces Penales de la Provincia.
De cumplirse la ley, implicaría en la práctica una pérdida de poder y presupuesto por parte del procurador Julio Conte Grand. En los últimos días, el funcionario ha sido cuestionado luego de que se difundiera un audio en el que criticaba a defensores oficiales por pedir excarcelaciones en el marco de la pandemia por el coronavirus.
“Instamos a los poderes públicos provinciales, en la medida de sus competencias institucionales, a poner en funcionamiento el nuevo régimen jurídico del Ministerio Público, con especial aseguramiento de la autonomía del Ministerio Público de la Defensa”, insistió la Red de Jueces Penales.
