El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires instruyó este lunes a los defensores oficiales a evaluar inmediatamente la posibilidad de requerir la prisión domiciliaria u otras formas alternativas al encierro respecto de sus defendidos privados de la libertad que conformen grupos de riesgo frente ante el coronavirus.
El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, pidió hoy que se consideraran especialmente «la particularidades fácticas y normativas de cada caso».
De acuerdo a los mismos criterios epidemiológicos y razones de salud pública, se les encomendó también a los fiscales evaluar estas circunstancias al momento de expedirse sobre pedidos de prisión domiciliaria o sus alternativas respecto de personas detenidas.
Una fuente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Julio Alak, informó a Télam que «ante cualquier requerimiento que realice el ministerio Público el Servicio Penitenciario Bonaerense actuará con la mayor celeridad para dar cumplimiento a esa solicitud».
