En medio de una sesión polémica y con fuerte presencia de vecinos en la “barra”, el Concejo Deliberante aprobó la Emergencia Tarifaria en Lomas de Zamora pese al rechazo de Cambiemos hacia la propuesta. En el mismo tratamiento, también se pidió por los proyectos en Diputados y Senado de la Nación sobre congelamiento y retrotracción del valor de los servicios, al tiempo que se avalaron comunicaciones en favor de los electrodependientesy se rechazó el dictamen del Procurador General de la Nación en favor de Farmacity.
El HCD lomense declaró la “emergencia tarifaria en materia de servicios públicos de distribución eléctrica, redes de agua potable y servicio de gas natural” en el distrito por el lapso de un año, al tiempo que se instó al gobierno nacional a retrotraer los precios de los mismos al 31 de diciembre pasado con la devolución de los importes correspondientes.
La votación, que resultó con 14 votos positivos desde el oficialismo y el massismo y 7 negativos procedentes de Cambiemos, se dio en medio de abucheos y cánticos contra la oposición y el presidente Mauricio Macri que surgieron del público presente en la “barra”, el cual se convocó en la previa a través de volantes que circularon en la vía pública y flyers en las redes sociales. Diego Cordera y Gabriel Mércuri, del macrismo, y Ramiro Trezza del FR-UNA estuvieron ausentes.
El concejal por Unidad Ciudadana Amado Salinas fue el encargado de presentar el proyecto y sostuvo que “uno no puede hacer oídos sordos al reclamo popular de la gente que es ‘no a los tarifazos’”, por lo que llamó a acompañar todo lo referente al “bienestar del pueblo y la patria” ante “el sufrimiento de varios de los presentes”.
Su compañera de bancada Daniela Vilar ofreció datos en los que puso de manifiesto que los aumentos rondan el 1500% en la electricidad y es cercano al 700% en gas “no están acompañados por el techo tarifario que propone la gobernadora”.
En tanto que, la jefa del espacio en el recinto, Ana Tranfo, criticó con dureza las subas y pidió que se retire a gendarmería de las oficinas de EDESUR ya que la misma es una fuerza de seguridad nacional que debe resguardar a los ciudadanos y la eléctrica es una empresa privada que puede costear sus propios empleados de seguridad.
“Que el pueblo tenga que pagar el déficit fiscal que generó el gobierno con tarifas impagables, es una locura” y “si no la frena el señor presidente o el Congreso Nacional, no sé qué límite tiene”, aseguró la edil y remarcó que en la Cámara “no la quieren discutir (el oficialismo nacional) porque no tienen argumentos para decir de dónde pueden sacar plata para cubrir los gastos que ellos mismos generaron”, al tiempo que advirtió: “Ésta (el tarifazo), el pueblo no la va a pagar porque se sabe organizar”.
Por su parte, el concejal por el massismo Juan Manuel Castagnini adhirió al pedido pero no acompañó que el proyecto sea dirigido a apoyar la presentación de la expresidenta porque todas las fuerzas los presentaron pero “no es adecuado poner la persona por adelante del proyecto” aunque reiteró que están de acuerdo con el congelamiento de tarifas.
De la oposición, solo Gustavo Ganchegui tomó la palabra para anunciar el no acompañamiento al proyecto, en medio de los murmullos y abucheos del público afirmó que “no hay falta de sensibilidad social” por parte de los gobiernos nacional y provincial y destacó la creación del 0800 para recibir quejas por las facturaciones de los servicios, iniciativa que colapsó luego del primer día por el caudal registrado y debió cambiarse por una casilla de correo electrónico.
Además del dictado de la emergencia, se creó en el ámbito del Concejo Deliberante la “Comisión de Emergencia Tarifaria”, la cual estará compuesta por integrantes de las tres fuerzas representadas en el recinto y tendrá como objetivo el asesoramiento de legal gratuito a vecinos respecto a los aumentos tarifarios, recepción de consultas, canalización de reclamos, quejas o denuncias dirigidas a las empresas competentes.
En ese sentido, también se aprobó la instalación de una oficina distrital del ENRE en el municipio para que los vecinos puedan realizar los mismos trámites que en la central del ente regulador pero de forma más accesible, entre ellos la generación de una boleta de “pago voluntario” por la cual el usuario puede pagar un monto establecido por él mismo mientras lleva adelante una queja formal ante eventuales irregularidades en la medición de su consumo.
“La Oficina Municipal de Atención al Consumidor se va a poder utilizar como delegación del ENRE” y la misma estará articulada con la Comisión de Emergencia Tarifaria, adelantó Castagnini, impulsor de la medida; quien también señaló que el costo de la misma será “de solo una computadora y la capacitación de dos personas”.
También, se elevó a Presidencia de la Nación, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguen, una comunicación pidiendo en todo el país un freno y control a las subas en las tarifas, refiriéndose directamente al proyecto presentado por la expresidenta Cristina Fernández en el Senado.
Por otra parte, por unanimidad se instó a que se respeten algunos artículos relevantes de la Ley de Electrodependientes por la lentitud en la incorporación al registro de quienes necesitan a la electricidad para vivir y así gozar de los beneficios de los que son merecedores, la no entrega de grupos electrógenos ante los cortes de suministro y la falta de una línea gratuita de atención personalizada las 24 horas.
Fuera del ámbito tarifario, el HCD expresó su rechazo ante el dictamen del Procurador General de la Nación, en favor de Farmacity y en contra de los artículos 3 y 14 de la Constitución Nacional.
Leonardo Fernández, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, estuvo presente en el recinto y expresó que “el medicamento no es un bien de consumo, es un bien social y hay que garantizar su acceso” mientras se busca “impedir posiciones hegemónicas contra ese bien”.
El autor del proyecto, Emiliano Baloira de UC, sostuvo a su turno que la ley actual “garantiza el acceso a los medicamentos y Farmacity va a atentar contra el acceso a los medicamentos” y pidió que “no se violente la ley provincial actual” que si permite la llegada a los remedios.
