En medio de una importante presencia de vecinos de Villa Jardín junto a trabajadores de ATE, el Concejo Deliberante llevó adelante una movida sesión ordinaria en la cual se aprobó por unanimidad una resolución dirigida al Ejecutivo local para que regularice la situación de la Unidad de Pronta Atención (UPA). También se aprobó con una ajustada votación que tuvo que desempatar el presidente del Cuerpo, Marcelo Rivas Miera, un convenio entre el Municipio y la Corte de Justicia bonaerense para “apremios municipales por medios tecnológicos”.
La situación del UPA es compleja. Tras las denuncias de los médicos de que la Provincia está llevando adelante un vaciamiento, el bloque de Unidad Ciudadana impulsó un proyecto para que se regularice el funcionamiento del centro de salud y le exigieron “un informe detallando el funcionamiento” del mismo. El expediente fue acompañado por todo el Cuerpo.
“La lucha de los vecinos por el UPA es un ejemplo de la defensa de la salud pública. Asumieron una responsabilidad social porque debemos cuidar a los profesionales de la salud y a los hospitales”, enfatizó el titular del bloque UC-PJ, Héctor Montero, en la exposición del debate.
Además, el titular del bloque UC, Mariano García, criticó las declaraciones del diputado provincial de Cambiemos Adrián Urreli, quien había argumentado que “lo peor que tiene el UPA es la ubicación”, a lo cual, el concejal replicó que la Unidad “fue pensado para los lugares donde los vecinos no pueden llegar a los hospitales de los centros”. “Hay partidas presupuestarias que deberían ser derivadas y no pasa y hoy el UPA está sin guardia”, advirtió.
Por su parte, la presidenta de UC-FPV, Natalia Gradaschi, aseveró que “la situación del UPA no es una situación aislada porque el sistema de salud pública está igual en toda la Provincia” y remarcó que “responde a un Estado mercantilista, débil y cada vez más chico”.
Ante los cánticos de los vecinos que coparon la tribuna al grito “el UPA no se cierra” y las críticas de la oposición, del oficialismo solo habló el concejal Gabriel Ruíz pero solo sostuvo que “el UPA no se cierra y no se va a desfinanciar” y respaldó las declaraciones de Urreli.
Tras la aprobación de varios despachos de comisión, el Cuerpo tuvo su momento de tensión por una ordenanza que envió el Ejecutivo y que tenía despacho de la Comisión de Hacienda que era para autorizar al Municipio a suscribir un convenio de colaboración tecnológica entre la Suprema Corte de Justicia bonaerense y el Gobierno local para “dar inicio a los apremios municipales por medios tecnológicos”.
La oposición pidió que vuelva a comisión al advertir que es un convenio similar al que tiene ARBA con la Corte Suprema para trabar embargos online de las cuentas ahorro. Según explicó el edil, Gustavo Magnaghi, “el Municipio dice que es para garantizar el acceso online pero para eso no se tiene que formar un acuerdo” y advirtió: “En los considerandos, el Ejecutivo plantea que un abogado podrá desde cualquier lugar realizar un apremio electrónico y se efectuará en el siguiente día hábil”.
“Queremos tener la seguridad de que no estamos firmando un convenio como el de ARBA que permite embargar las cuentas de los trabajadores por una deuda como es multa por patentes”, aseveró y exigió que se realice “un análisis más profundo”.
Las exigencias de la oposición no surtieron efecto y el oficialismo con sus 12 concejales votó a favor y con los 12 votos de la oposición peronista en contra, Rivas Miera hizo uso de su voto doble y aprobó la ordenanza.
Por otra parte, el Cuerpo, por unanimidad aprobó la adhesión del Municipio a la Ley 27.098 Régimen de promoción de los clubes de barrio y del pueblo y a la Ley provincial 14757.
Y por último, inesperadamente, se volvió a comisión una resolución para que el Ejecutivo “realice las gestiones necesarias para implementar el Boleto Gratuito de Jubilados y Pensionados”. La moción de orden pedida por Ruíz fue acompañada por los 12 oficialistas de Cambiemos y como hubo 12 votos en contra, una vez más, tuvo que destrabar el presidente del Cuerpo.
