El juez platense Luis Federico Arias, titular del Juzgado Contencioso Administrativo, fue suspendido este jueves de su cargo por unanimidad del tribunal de enjuiciamiento que sesionó en el Senado bonaerense. Será sometido a juicio político por supuesto » abuso de poder, mal desempeño e instigación a cometer el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público». Los judiciales bonaerenses denunciaron que la decisión fue una “cuestión política”.
Gremios de distintos sectores se movilizaron a La Plata en defensa del magistrado suspendido, bajo el lema «no a la destitución».
Arias está acusado de tomar parte en causas cuya competencia pertenecía a otros fueros: una de las más importantes es por su intervención en la investigación iniciada por la inundación del 2 de abril de 2013, en la ciudad de La Plata, denuncia que presentó el fiscal Marcelo Romero, y que luego, el subprocurador Juan Oliveira, también elevó y ue lo llevó al juicio político.
El secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) de Lomas de Zamora, Jorge Sotelo, una de las agrupaciones participantes de la marcha, aseguró que la suspensión del juez es meramente una «cuestión política» ya que «el Estado generalmente resulta perjudicado en los fallos de Arias y por eso se lo persigue».
«El tema es que lo Contencioso Administrativo generalmente sirve para defender el poder real del Estado, pero como hoy en día el Gobierno acomoda exclusivamente a los poderosos, funciona para que nunca se les quite sus privilegios. El poder real y el económico hoy tiene los mismos integrantes y eso al juez Arias le molesta porque su misión es defender a los particulares sin importar quién», consideró.
En diálogo con DiarioConurbano.com, el sindicalista describió que el magistrado se encarga de que la Justicia «llegue a los más desposeídos» e intenta «equilibrar las diferencias sociales». «Él y muchos otros somos los que defendemos los trabajadores por su gran preocupación en los derechos humanos, juicios laborales, devolverle los derechos a los desposeídos, entre otros temas, y es por eso que este Gobierno lo persigue», subrayó.
Tras la suspensión, a Arias se le retendría el 40 por ciento de su sueldo, aunque no perderá su cargo como juez del fuero Contencioso Administrativo de La Plata hasta tanto el tribunal no resuelva si finalmente lo destituye, al emitir la sentencia definitiva sobre su caso.
El mismo magistrado había advertido antes de ingresar a la audiencia que se trataba de una «persecución política y mediática» en su contra por parte de «todos aquellos que intentan imponer una visión única contra todos aquellos que piensan diferentes a la visión del poder».
A la movilización asistieron integrantes de AJB, docentes de Suteba, FEB, Sadop, Udocba y Amet, estatales de ATE y UPCN, Fegeppba y la CGT regional, entre otros y se sumaron al respaldo el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
