Lo afirmó la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien destacó que el Ministerio Público Fiscal evolucionó a un “modelo de persecución penal inteligente” con una “perspectiva de los derechos humanos”, en el marco del quinto Congreso Antimafia que se realizó este lunes en Esteban Echeverría. La jefa de fiscales consideró que “los tiempos que corren son los de la globalización” en tanto que analizó que “hoy en día las organizaciones criminales aprovecharon los beneficios de la globalización que permiten ampliar la escala de superaciones y sofisticar los medios criminales para eludir la acción de la policía y la justicia”.
En la misma línea, la funcionaria judicial sostuvo que cuando asumió su rol hace cuatro años, el Ministerio Público Fiscal estaba en “desfasaje” con el contexto: “Sin haber recibido una capacitación especial, cada fiscalía daba respuestas estandarizadas a diversos delitos muy complejos. Estas oficinas funcionaban porque esto era el plan de la ley del código procesal penal”, aseguró.
“Funcionaban sin comunicación no solo entre los fiscales federales sino también con los provinciales. Podía suceder que ambos estuvieran investigando a las mismas bandas sin diálogo entre ellos. Además, el MPF estaba aislado en la región ya que el resto de América Latina ya habían adoptado la modalidad de trabajo en equipo y de especialización”, cuestionó.
Al respecto calificó el esquema de trabajo como “inapropiado” ya que las investigaciones de crimen organizado “se resolvían por delegación policial” y “la gran mayoría de decisiones las adoptaban los agentes judiciales de manera individual”.
De esta manera, señaló que comenzó a aplicar un “plan estratégico en etapas” que consistió en primera instancia de la “creación de procuradurías especializadas, ya sea en crimen económico de lavado de dinero, en trata y explotación de personas, violencia institucional o narcotráfico, con equipos interdisciplinarios”.
“A estos equipos profesionales, técnicos, modernos que generaron una interacción de todo el MPF, le sumamos un motor que resultó fundamental para la federalización de la política criminal: el Fiscal Coordinador de Distrito. Un fiscal por provincia que tiene la tarea de coordinar a los fiscales federales y provinciales en su actividad. Esta figura termina con el concepto de fiscal de escritorio para pasar a ser fiscales de territorio”, detalló.
Si bien Gils Carbó subrayó avances en políticas fiscales contra las mafias, el juez federal Sebastián Casanello denunció un código procesal “anacrónico y obsoleto” que “tiene una correspondencia casi simétrica con que tan autoritaria y democrática” es nuestra comunidad política.
En un panel en el que se esperaba la presencia del juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Casanello remarcó que “para poder pensar en una solución eficaz” al crimen organizado “tiene que haber una respuesta integral” que involucre a todo el Estado”.
“Estos códigos de naturaleza inquisitiva determinan concentración de funciones del mismo modo que un sistema político de tinte autoritario concentra las funciones. Todas las democracias actuales tienen códigos de procedimiento acusatorio en donde los jueces son verdaderos jueces y los fiscales son verdaderos fiscales que llevan adelante as investigaciones”, puntualizó.
Y remarcó: “También demuestra que de algún modo es ineficiente para dar esta lucha contra las criminalidades organizadas. Cuando las investigaciones son en tiempo real, se les delega la tarea a la policía. Pero cuando se trata de investigaciones complejas ocurridas en el pasado, tenemos que recurrir exclusivamente a estas herramientas de un código antiguo y la fiscalía tiene este perfil despojado”.
Además aclaró que el código “tiene dos etapas: una preliminar que supuestamente es la etapa rápida en la que participamos nosotros pero que se alarga y es muy dificl superar y hay que cambiar esto de modo urgente”.
“Es necesario que se tome una decisión concreta modificando los esquemas de enjuiciamiento. Si nosotros no tenemos juicios con condenas no vamos a tener sentencias definitivas. Es lo que necesita la sociedad. Los juicios son necesarios orales y públicos donde haya participación ciudadana, tenemos que buscar que eso suceda”, concluyó.
