Nueve grupos familiares fueron desalojados de la vivienda que ocupaban hace 22 años por parte del Municipio tras varias denuncias de vecinos por el peligro de derrumbe que existía en el lugar. Sin embargo, las familias denunciaron que fueron “desalojados sin orden judicial y de forma violenta”, por lo cual, el titular de la Secretaria de Seguridad, Diego Kravetz, desmintió que hayan procedido de forma violenta y explicó que “por el peligro inminente de derrumbe es un trámite municipal” el que deben llevar a cabo para desalojar una vivienda.
El jueves por la mañana, personal de la Policía Local y Policía Federal se hicieron presentes en el inmueble ubicado en Chilavert 1919, Monte Chingolo y procedieron a desalojar el lugar tras “varias denuncias de los vecinos sobre el peligro de derrumbe” que existía en la casa.
“Nos dijeron que teníamos que salir porque se iba a derrumbar todo pero no había peligro de derrumbe. Nos agredieron a nosotros y a los chicos. Hace 22 años que vivíamos ahí y nunca recibimos ninguna ayuda”, contó Johana Ávila en dialogo con DiarioConurbano.com y advirtió que el personal policial y municipal “nunca mostraron ninguna orden judicial ni nada”.
Relató: “Entraron agresivamente a la casa, no nos dieron explicación, no nos dijeron nada solo que salgamos del lugar y apenas nos fuimos demolieron todo”. Tras abandonar el lugar, las nueve familias pasaron la noche en la calle y al día siguiente fueron recibidos en la Parroquia San Juan.
Desde el Municipio les ofrecieron alojarse en una pensión por 15 días y un subsidio de 20 mil pesos para que regularicen su situación pero las nueve familias lo rechazaron. “No nos sirve eso, ¿después de los 15 días que hacemos? No podemos hacer nada porque no tenemos nada. Nosotros queremos algo fijo porque ellos nos quitaron nuestra casa”, exigió Ávila.
Por el momento, las nueve familias se reunirán el martes por la tarde con funcionarios de Desarrollo Social municipal para encontrar la mejor solución.
En tanto, el consejo escolar de Movimiento Evita, Agustín Ballarades, cuestionó la forma de proceder del Municipio al advertir que “fue otro circo oficial y policial por parte del secretario de Seguridad” y cuestionó que “el desalojo se produzco sin ningún tipo de orden judicial, solo entraron, sacaron a las familias de manera violenta y comenzaron a demoler toda la vivienda”.
Apuntó: “Había 50 agentes policiales, 20 patrulleros para desalojar a nueve familias. Esto es parte del circo al que nos tienen acostumbrados porque ya lo hicieron en Villa Jardín y Villa Sapito, no se respetaron las normativas judiciales y si existía un peligro de derrumbe no era la forma de sacar a la gente a los golpes” y criticó que “construye un hecho político de esto pero no se resuelve el problema de fondo”. Señaló que “los vecinos comentaron que dentro de la vivienda había posibles personas que cometían delito, entonces, si existe sujeto que comete un delito esa persona tendrá su debido proceso judicial pero esta no es la forma de proceder”.
Por su parte, Kravetz negó que el desalojo haya sido de forma violenta y contó que “había una serie de denuncias en relación al estado edilicio del inmueble y posibilidades de un derrumbe porque la vivienda estaba en mal estado, se le dio parte a Defensa Civil que se comunicó con lo que es Obra Particulares y con la presencia la Secretaria de Seguridad se constató que el lugar era inhabitable con un alto peligro de derrumbe, con condiciones inhumanas y se procedió a desalojar a la gente de ahí”.
Explicó que “ante el peligro inminente de derrumbe con posibilidad de daños a menores y terceros es un trámite municipal” el que se tiene que llevar a cabo para desalojar una vivienda y afirmó que “no fue un desalojo violento, sino que fue rápido porque estaba en juego la vida de personas”.
No obstante, advirtió que “en la única parte en la que se utilizó la fuerza mínima e indispensable fue con un masculino que atacó a un policía y se procedió a la detención de una mujer que amenazó a otra de una forma hiperviolenta, pero nada más”.
“Lo que es seguro es que esas personas estaban viviendo en condiciones infrahumanas y a mi parecer los chicos que estaban en el lugar eran usados en forma de extorción hacia la situación. Se les ofreció un lugar y nos dijeron que preferían dormir en la calle porque tenían intenciones de volver a ese lugar”, sentenció.
En tanto, el secretario de Desarrollo Social de Lanús, Emiliano Bursese, explicó que se está asistiendo desde el municipio a las familias “con comida, bebida, colchones y frazadas. Es la solución que tenemos, además de tramitarles un subsidio para que consigan una vivienda”.
Por su parte, desde ATE Lanús y la Asamblea de Trabajadores Precarizados de Lanús denunciaron que “una vez más, lejos de garantizar de derechos, el Estado vuelve a vulnerarlos y victimiza a la clase trabajadora. Con un discurso de ´cuidado y seguridad´ este gobierno se quita las obligaciones respecto de la ausencia de un plan habitacional que garantice el derecho a la vivienda digna”.
