La investigación por la instalación de puestos ilegales en la Feria de La Salada, los enfrentamientos entre barras y el apriete a feriantes de esa zona de Ingeniero Budge terminó de una manera inesperada. Un juez de Garantías de Lomas de Zamora pidió que se investigue a un fiscal por el ocultamiento de pruebas que podría haber existido esa causa, iniciada en abril de 2015.
El juez Gabriel Vitale presentó la denuncia que apunta al fiscal que instruía esa causa, Carlos Román Baccini, titular de la UFI 15 de Lomas. Este funcionario fue duramente cuestionado por su actuación en un caso en los que fueron detenidos policías de Ingeniero Budge acusados del abuso sexual de una vecina dentro de la propia comisaría. El fiscal que inició esa investigación determinó que los efectivos le pidieron dinero a la mujer y al negarse abusaron de ella. Cuando le tocó intervenir, Baccini desechó una parte de la imputación, lo que le permitió a los policías recuperar la libertar y respirar aliviados.
Fuentes judiciales consultadas por DiarioConurbano.com coincidieron en que el fiscal Carlos Baccini “en muchas situaciones conflictivas, como los paros de judiciales o la adhesión de fiscal a un repudio por la muerte del fiscal Nisman, se ha mostrado como representante informal“ sus pares. Por lo pronto, su apellido tiene peso: su hermano Esteban es juez de Garantías, y su padre, Carlos, fue camarista, cuestionado públicamente por su intervención en la denominada “Masacre de Wilde”.
Además de su cargo como fiscal, Baccini tiene otro rol institucional. Es el vicepresidente de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora.
En la investigación de los delitos de La Salada, Baccini solicitó al juez Vitale una serie de allanamientos. El magistrado, indicaron las fuentes consultadas, consideró que las escuchas existentes en la causa eran “poco claras y no guardaban correlato con el pedido” del fiscal de allanar viviendas en Ingeniero Budge. Además, señaló que le faltaban folios al expediente.
Desde ese rechazo, el tono de los escritos y la cantidad de planteos comenzaron a crecer. Ante la negativa, Baccini insistió ante la Cámara de Apelaciones que finalmente autorizó los allanamientos. Antes, se defendió de los planteos de Vitale, argumentando que la causa ya no estaba en sus manos y que de faltar elementos los debería tener la Fiscalía General de Lomas que se hizo cargo de los expedientes de La Salada luego de disponer que dejara de intervenir en ellos la UFI 15.
Desde la Fiscalía General respondieron que allí no estaban los elementos que Vitale planteaba que faltaban en el expediente – fundamentalmente fojas y audios de escuchas -, lo que motivó que quince días atrás el magistrado hiciera una presentación para que se investigue la actuación del fiscal Baccini por el presunto delito de “ocultamiento de pruebas”.
Si ya era llamativa la derivación de la investigación por estos delitos en La Salada, mucho más lo fue el destino de la denuncia del juez Vitale. Por sorteo, le tocó intervenir a la UFI 15, que encabeza Carlos Baccini junto a su adjunto, Gerardo Morohaz. Además, por turno, el juez de Garantías interviniente es Esteban Baccini, hemano del cuestionado funcionario judicial.
El tenor del cruce entre Vitale y Baccini, el delicado tema de los delitos de La Salada, la decisión del fiscal de bajar el tenor a policías acusado de un abuso sexual en la Comisaría de Ingeniero Budge calentaron el ambiente en el fuero penal de Lomas.
