Nicolás Macchi, delegado de la planta ubicada en Llavallol, aseguró que los trabajadores de la empresa aún no cobraron “un 20 por ciento de septiembre, todo octubre y ahora noviembre” y sostuvo que “da la impresión de que quieren cerrar la empresa”. “Ahora estamos en asamblea permanente, pero estuvimos de paro toda una semana. A partir de una negociación recuperamos un par de conquistas que nos había sacado la patronal aprovechando la situación que estamos pasando”, relató el delegado en declaraciones a Aire Nativo, que es emitido por Radio URBE 97.3
Macchi mostró la preocupación de los trabajadores por la inestable situación de la industria y afirmó que “no se evalúa el tema del paro porque no hay producción, la fábrica está prácticamente parada”.
“La situación del medio aguinaldo se regularizó, pero a este momento nos deben un 20 por ciento de septiembre, todo octubre y ahora noviembre. La semana pasada nos dieron un cronograma de pago y ya incumplieron la primera cuota, que debía abonarse el viernes pasado”, explicó en cuanto a las deudas de Canale.
Y amplió: “El conflicto viene de arrastre y se profundizó desde el año pasado. Los argumentos de la patronal tienen que ver con pérdidas de cosechas, que tuvieron malos negocios, robos entre socios, pérdidas de exportaciones. No obstante, no aceptamos esos argumentos porque dos industrias de la misma envergadura están laburando con turnos de 12 horas porque tienen mucha producción”
En ese contexto, detalló que “quedan 100 operarios de producción” y que en el último año se perdieron “40 puestos de trabajo en esta planta, que se suman a la sangría de años anteriores.
“Nos da la impresión de que quieren cerrar la empresa. La cosa no da para más, somos trabajadores y queremos mantener nuestros puestos de trabajo. Los que por ahí pueden sentarse en una mesa y ponerles los puntos a los empresarios nos dejaron bastante solos”, sostuvo.
Y en cuanto a la participación del Estado en el conflicto, cuestionó: “En todas las audiencias que participé, el Ministerio se mostró sólo como un mero observador. La Policía de Trabajo no viene, no le aplican multas bajo el argumento de no generar un daño mayor, nunca se investigaron las cuentas. Deja mucho que desear la intervención del Estado, desde el Municipio hasta Nación”.
