Las ediles de Compromiso Peronista y de Cambiemos coincidieron en que la postura del Frente para la Victoria, de tratar a libro cerrado el expediente que solicitaba la suspensión del funcionario municipal acusado de proteger prostíbulos, tuvo “fines políticos”, y explicaron sus motivos para enviar el proyecto a comisión.
Ambas concejalas rechazaron el pasado viernes en una sesión ordinaria del Concejo Deliberante lanusense la aprobación sobre tablas de un pedido de informes sobre el juez Rubén Baca, quien es además director académico de la policía distrital, acusado de encubrir una red de trata.
“Lo habíamos decidido en labor parlamentaria, queríamos el pase a comisión para que se analizara, se discutiera en los distintos bloques y se recibiera a las personas que había presentado el proyecto para que pudieran expresarse en el debate”, sostuvo Quindimil.
La titular del bloque de Compromiso Peronista también apuntó: “No se entiende porque el FPV lo quería tratar sobre tablas. Ellos tenían esa postura, pero habíamos quedado en pedir el pase a comisión como corresponde cuando entra un expediente”.
En tanto que remarcó que el expediente “merecía la discusión en comisión”, un tema que había sido hablado con los ediles “Daniel Piccolo (FPV) y Adriana Storni (Frente Renovador).
Por su parte, la oficialista Arias señaló que fue “una sesión complicada” debido a las críticas que recibieron los representantes que rechazaron el proyecto de parte de las agrupaciones políticas y sociales que lo impulsaron presentes en el recinto.
“No se debe politizar de esta manera un tema tan profundo como la violencia de género. Hay posiciones encontradas muy fuertes que deben dirimirse en el respeto al disenso. La violencia de género es un flagelo y desde lo personal creo que se genera en algo más profundo como la violencia familiar. Están rotos los vínculos familiares y es allí donde comienza esto que nos atraviesa a todos y todos tenemos que asumir un rol”, cosnideró.
Y planteó: “Este tema es algo que tiene que resolver el Ejecutivo y podemos discutirlo en comisión. Hay un artilugio político para acrecentar la grieta. Lo que nosotros aprobábamos era la adhesión a la marcha Ni Una Menos, pero lo del juez Baca es algo que tiene que resolver el Ejecutivo. Esto se utilizó con fines políticos”.
