Luego del planteo del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia bonaerense estableció que los funcionarios judiciales “deberán asegurar la atención de las mesas de entradas, que permanecerán abiertas durante toda la jornada judicial y en caso en que los empleados no presten servicio, estar a disposición de los letrados para su atención”. De esta forma, el máximo órgano interviene como un nuevo actor en el conflicto gremial de un sector del Poder Judicial y el Gobierno provincial.
La resolución 887/16 de la Suprema Corte aparece en el momento de mayor tensión del conflicto y presiona a los funcionarios (jueces, fiscales, defensores y secretarios) quienes están muy cerca de llegar a un acuerdo salarial con el gobierno de María Eugenia Vidal.
La decisión de los altos magistrados establece que “la atención de las mesas receptoras de escritos judiciales o escritos electrónicos deberá ser garantizada por el funcionario a cargo”.
Asimismo, insta a los magistrados a “extremar los recaudos a los efectos de garantizar la celebración de todas las audiencias fijadas, como así el dictado de las providencias en tiempo propio”.
De esta manera, la Suprema Corte restringió cualquier tipo de adhesión efectiva los jueces, fiscales y defensores a los paros que vienen llevando adelante los empleados nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
En tanto, Con un alto acatamiento, la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) de Lomas de Zamora realizó otra jornada de huelga en reclamo de un aumento salarial por parte del Gobierno bonaerense. Este viernes, los empleados realizarán un paro activo que incluirá una concentración en el hall de los Tribunales de Larroque y el ex Camino Negro.
Este fin de semana los empleados judiciales de la provincia también resolverán de qué manera continuarán el reclamo. Si bien no fue confirmado oficialmente, este lunes habría un encuentro entre los dirigentes de la AJB y miembros del Gobierno provincial.
La cifra que se le ofrecería a los judiciales estaría cerca del 31 por ciento, en tres cuotas, que se les hizo y aceptaron – aunque no se formalizó el acuerdo – los magistrados de la provincia.
