A un año del crimen de una mujer y su hija, ocurrido en Ingeniero Budge, aún no hay detenidos en esa causa aunque aún se habla de una “mafia inmobiliaria” como la responsable del doble asesinato. Los familiares de las víctimas continúan exigiendo mayor celeridad para esclarecer el caso.
“No hay detenidos pero desde la fiscalía se han ordenado una serie de medidas que aún no se terminaron de llevar a cabo”, informaron fuentes judiciales a DiarioConurbano.com.
María Cristina Palavecino y a su hija Lorena Campilongo fueron asesinadas a golpes, utilizando un taladro, en la casa donde residían, en Cosquín al 2600, en Budge, a unas tres cuadras del Puente La Noria. Esto ocurrió el 26 de noviembre de 2014.
Desde un primer momento se sospechó que habían sido víctimas de una “mafia inmobiliaria” que operaría en la zona, ya que se negaban a vender la vivienda, ubicada en una zona comercial, cercana a Puente La Noria.
Los asesinos ingresaron a la vivienda sin forzar la puerta y revolvieron todo en el lugar, sin llevarse nada. Antes del crimen, las mujeres habían recibido “sugerencias” de que debían vender la propiedad y hasta la casa sufrió un incendio intencional.
Las dos mujeres también sufrieron un violento robo, en el que los delincuentes sólo se llevaron una cartera, y llamadas intimidatorios durante el año pasado.
“En la fiscalía no nos dan mucha información y la Policía dice que hay algunas pruebas para avanzar en el caso pero que no son suficientes. Nosotros queremos que la investigación se reactive”, sostuvo Leandro, cuñado de Lorena Campilongo. Y agregó que “los principales testigos que declararon en la causa ya fueron amenazados”.
En la causa interviene la UFI 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Lorenzo Latorre.
En los primeros meses, el brutal doble crimen generó mucha preocupación en la zona de Budge, cercana al Puente La Noria. No obstante, el paso del tiempo fue haciendo olvidar el caso a muchos vecinos.
Por eso, los familiares de Palavecino y Campilongo anunciaron que exigirán el desplazamiento del fiscal para que se reactive la investigación y el caso no quede impune.
