Una banda delictiva que operaba desde cárceles bonaerenses habría realizado cerca de 20.000 llamadas extorsivas entre marzo y octubre para estafar a jubilados y pensionados de distintos puntos del país. La organización utilizaba identidades falsas, simulaba emergencias familiares y contaba con colaboradores fuera de los penales para concretar robos cuando los engaños telefónicos no prosperaban.
El fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional Temática de Instrucción y Juicio de Robos Calificados de Mar del Plata, explicó el funcionamiento de la estructura durante una entrevista en Infobae al Mediodía. La investigación comenzó en julio, a partir de dos hechos ocurridos en esa ciudad, y permitió detectar una red con conexiones en distintas provincias.
Uno de los episodios más graves fue el ataque a una jubilada de 70 años, a quien golpearon y le hicieron cortes en los dedos de los pies para robarle $600.000. La causa también incluyó un intento de robo frustrado el 8 de julio.
Falsos policías y familiares para engañar a las víctimas
Los investigadores detectaron dos modalidades principales de estafa. En una, los delincuentes se hacían pasar por policías y aseguraban que un familiar de la víctima había protagonizado un accidente de tránsito en el que había atropellado a una mujer embarazada. En la otra, simulaban un operativo para cambiar dólares vinculado con un anuncio presidencial.
En uno de los casos, los sospechosos le exigieron $16 millones a una mujer con el argumento de que su hijo había provocado el supuesto accidente. Para sostener la historia, uno de los involucrados fingió ser el familiar y otro se presentó como fiscal.
“Le requerían la entrega de 16 millones de pesos y la obligaron no solamente a tener el teléfono fijo, sino también a que les dé el número de celular”, explicó Moyano.
La comunicación duró 33 minutos. Según la reconstrucción judicial, el engaño podía derivar en un asalto presencial: cinco hombres llegaron en un vehículo al domicilio de la víctima, cuatro ingresaron a la vivienda, la redujeron y se llevaron dinero y otros bienes.
Las escuchas incorporadas a la causa muestran cómo los sospechosos intercambiaban roles para mantener la presión sobre las víctimas. En una de las comunicaciones, un hombre se presentó como el “subcomisario Gutiérrez” y le pasó el teléfono a un cómplice que simulaba ser un familiar.
Cuando la extorsión telefónica no daba resultado, la organización podía recurrir a colaboradores que actuaban fuera de los establecimientos penitenciarios.
Planillas con datos de jubilados de todo el país
Uno de los hallazgos centrales de la investigación fue el uso de planillas de Excel con nombres y números telefónicos de potenciales víctimas, seleccionadas principalmente entre jubilados y pensionados.
“Estas planillas de Excel dan cuenta de que las personas seleccionadas resultaban ser jubilados y pensionados en todo el país”, afirmó el fiscal.
Los contactos estaban organizados por localidades. Según detalló Moyano, en una jornada los integrantes de la banda llegaron a realizar 120 llamados dirigidos a Mar del Plata. También se registraron comunicaciones con personas de Rosario, Paraná, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos y Ushuaia.
El análisis de las líneas telefónicas permitió dimensionar el alcance de la maniobra. Una empresa prestadora informó sobre 5.400 llamadas asociadas a uno de los números investigados, cuyos registros activaban una antena ubicada en Lisandro Olmos, donde funciona un complejo penitenciario bonaerense.
Otra línea acumuló más de 5.000 comunicaciones en un período de 30 días. A partir de esos registros, los investigadores estimaron que la banda habría realizado cerca de 20.000 llamadas entre marzo y octubre.
Además, detectaron el uso de 11 tarjetas SIM intercambiadas en un mismo teléfono. La actividad se concentraba, según los datos expuestos durante el programa, de lunes a sábado, entre las 9 y las 17.
Quiénes están bajo investigación
La pesquisa identificó como presunto jefe de la organización a Hugo “el Gitano” Miguel, de 62 años, detenido en la cárcel de Olmos y condenado a prisión perpetua por homicidio. También quedaron bajo investigación Franco Isaías Miguel, Jonathan Ezequiel Villalba, Alejandro Demetrio Rosales y Joel Hugo Aguirre.
Los allanamientos se realizaron el 22 de octubre y permitieron secuestrar ocho teléfonos celulares en pabellones carcelarios.
Ahora, la fiscalía busca reconstruir el recorrido del dinero obtenido mediante las estafas y los robos, establecer cómo se distribuían los fondos e identificar a los colaboradores que operaban fuera de los penales.
La hipótesis judicial contempla que terceros recibían transferencias o ejecutaban robos cuando las maniobras telefónicas no prosperaban. Esa posible participación todavía debe esclarecerse.
Moyano también señaló que llamó la atención de los investigadores la ausencia de otras voces en algunas escuchas de comunicaciones que, según indicó, se realizaban desde pabellones y celdas. No obstante, evitó sacar conclusiones sobre una eventual complicidad dentro del Servicio Penitenciario y sostuvo que ese aspecto requiere profundizar la investigación.
