El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora desestimó este jueves un nuevo pedido de excarcelación presentado por la defensa de los tres delincuentes condenados por el asesinato de Lara Valentina Fernández (17), la adolescente ejecutada de un disparo en la cabeza durante un robo en la madrugada del 1 de enero de 2022 en Parque Barón.
El planteo defensista intentaba solicitar la libertad de Cristian Mario Maidana, Alan Benjamín González Ávalos y Leandro Nicolás Strassera, alegando que el plazo de la prisión preventiva resultaba «irrazonable» considerando el tiempo transcurrido en prisión antes de que las condenas adquieran firmeza definitiva.
Sin embargo, los jueces del tribunal lomense atendieron los argumentos de la fiscal Mariana Monti y de los abogados querellantes, quienes solicitaron la continuidad del encierro preventivo al advertir sobre el evidente riesgo de fuga, dada la magnitud de las penas impuestas en primera instancia.
En noviembre de 2024, el TOC N.º 5 había dictado condenas de 24 años de prisión para González Ávalos, 21 años para Strassera y 20 años para Maidana, al hallarlos coautores de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad. A su vez, el cuarto integrante del grupo criminal, Martín Aguirre, fue declarado inimputable por tener 15 años al momento del hecho.
El duro descargo de la madre: «Para las víctimas nunca hay una audiencia»
Tras conocerse la resolución, la madre de la joven, Laura Fernández, valoró el rechazo de la excarcelación pero cuestionó con dureza las dinámicas del sistema judicial y la constante revictimización a la que son sometidas las familias.
El reclamo de Laura Fernández: «Siempre se hacen este tipo de audiencias para saber cómo están los detenidos y ver si se les da algún beneficio porque los defensores lo piden. Para la víctima nunca hay una audiencia para preguntar cómo se siente o si necesita apoyo. Llega un momento que te cansa porque los delincuentes tienen defensores gratuitos pagos por el Estado y las familias tenemos que costear todo de nuestro bolsillo», expresó con indignación.
Actualmente, la familia de la víctima aguarda una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde acudieron con el objetivo de revocar la recalificación del fallo y lograr que el hecho sea juzgado como un homicidio criminis causa, figura penal que contempla de manera exclusiva la pena de prisión perpetua.
