En medio de los pedidos de juicio político y la escalada de cruces tras la suspensión preventiva de la Ley N.º 27.801 de Régimen Penal Juvenil, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Departamental Lomas de Zamora emitió un duro comunicado de prensa en el que expresó su «absoluta solidaridad y apoyo» a la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2, Dra. Marta Elba Pascual.
A través del documento titulado «Solidaridad y apoyo a la jueza Marta Pascual: defensa de la independencia del Poder Judicial», la conducción del gremio local cruzó los cuestionamientos vertidos por sectores políticos y medios de comunicación. Desde el sindicato definieron a la magistrada lomense como una «referente de la Justicia y de la formación en Derecho», remarcando que en su fallo actuó «con objetividad, compromiso y respeto por las garantías constitucionales y los derechos humanos» para prevenir la vulneración de derechos de adolescentes en situación de encierro.
Asimismo, la AJB Lomas subrayó la consonancia entre la resolución del juzgado lomense y el reciente diagnóstico de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social Argentina, coincidiendo en que el Estado no cuenta con la infraestructura, las condiciones materiales ni el presupuesto indispensable para garantizar procesos reales de reinserción, salud mental y continuidad educativa en el fuero penal juvenil.
Alerta por disciplinamiento y llamado a preservar el Estado de Derecho
En uno de los tramos más contundentes del comunicado, la representación de las y los trabajadores judiciales advirtió sobre la gravedad institucional que representan las presiones dirigidas hacia la magistrada:
Estrategia de disciplinamiento: «Resultan preocupantes las expresiones de funcionarios públicos sobre el desempeño de la magistrada y del Poder Judicial de nuestra provincia, ya que pueden inscribirse en una estrategia de disciplinamiento político que afecta la independencia judicial. Estos ataques deben poner en alerta a los tres poderes del Estado, porque la democracia se debilita cuando se trastocan la independencia y la división de poderes».
Finalmente, desde el sindicato reafirmaron que la función judicial implica velar por las garantías constitucionales y exigieron al poder político «actuar con objetividad, prudencia y respeto por la Constitución, preservando la independencia judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho».
