Luego de haber dictado la suspensión preventiva por 60 días de la Ley N.º 27.801 en territorio bonaerense, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, rompió el silencio y justificó su fallo enfatizando que la falta de infraestructura y recursos estatales impedirá lograr los objetivos de seguridad proclamados por la norma.
En declaraciones radiales, la magistrada lomense cruzó el discurso triunfalista en torno a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años: «No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero creo que está pésimo que haya como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad si no están los mecanismos para aplicarla».
Pascual aclaró un punto central de su postura al remarcar que no se opone conceptualmente al juzgamiento de adolescentes de 14 años, sino a la privación de la libertad en contextos de hacinamiento e improductividad que terminan exacerbando la violencia.
«Escuelas de delito», el rol ante las víctimas y respuesta a Bullrich
La jueza con asiento en Lomas de Zamora alertó de manera tajante sobre las consecuencias que genera encarcelar a jóvenes sin políticas de contención pedagógica o psicológica:
El peligro del encierro sin recursos: «Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito. Por un lado, tengo que escuchar a la víctima; por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia».
Asimismo, saló al cruce de las acusaciones vertidas desde el Gobierno nacional por dirigentes como Patricia Bullrich, quienes tildaron la resolución judicial de «garantista»: «Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente», sentenció.
Finalmente, la magistrada remarcó que el plazo de 60 días busca forzar un acuerdo operativo entre la Nación y la Provincia para definir supervisores, partidas presupuestarias y condiciones de habitabilidad antes de aplicar las detenciones.
