Con el objetivo de transformar el abordaje del sistema penal y civil bonaerense, la senadora de Fuerza Patria María Rosa Martínez presentó un proyecto de ley para instituir la “Justicia y Prácticas Restaurativas” como una etapa complementaria en los procesos judiciales que involucren delitos o hechos de violencia cometidos por niños, niñas y adolescentes.
La propuesta impulsada por la legisladora de la Tercera Sección Electoral busca ofrecer a los jóvenes en conflicto con la ley un procedimiento centrado en la reparación del daño y la composición de los vínculos a través del diálogo, asegurando la participación voluntaria de las partes afectadas.
«Las prácticas restaurativas constituyen un conjunto de estrategias de trabajo personalizadas coordinadas entre la comunidad, con el epicentro en garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la reparación del daño. Es una forma alternativa y complementaria de la justicia tradicional retributiva», fundamentó la senadora Martínez.
De acuerdo con el texto del proyecto, el procedimiento restaurativo podrá activarse desde la primera intervención policial. A lo largo del proceso, los menores contarán con el derecho de ser informados sobre esta instancia como un camino orientado a la sanación comunitaria y la pacificación social.
Equipos interdisciplinarios: La iniciativa faculta a la autoridad de aplicación a conformar en las distintas jurisdicciones equipos especializados en derechos de infancia, gestión de conflictos y herramientas psicosociales, garantizando que el modelo opere como una parte integrante y permanente del sistema penal juvenil.
Aplicación en el fuero civil y antecedentes
El alcance del proyecto no se limita únicamente al terreno penal. La senadora oficialista contempló su implementación en el fuero civil, una esfera marcada por complejos litigios de responsabilidad parental, disputas por alimentos e interrupciones de contacto vinculadas a medidas cautelares entre adultos.
Martínez ponderó que la Justicia Restaurativa debe configurarse como un instrumento accesible para todas las personas impactadas por un delito o conflicto, abarcando a las víctimas directas, sus familias, y también a los agresores y sus entornos.
El proyecto toma como referencia experiencias como la de Mendoza, donde la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) viene consolidando desde 2023 modelos restaurativos orientados a la resolución de conflictos adolescentes en ámbitos comunitarios y escolares.
