En el marco del paro nacional docente convocado para este lunes 3 de agosto, la gestión de la provincia de Buenos Aires fijó una postura contundente y frenó los intentos del Gobierno nacional de auditar las escuelas del distrito. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado oficial ordenando a directivos e inspectores prohibir que autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Nación inspeccionen los establecimientos educativos.
El Gobierno nacional había anticipado que realizaría inspecciones en escuelas para se garantizara – según la ley – el 75% del servicio educativo. El punto conflictivo de la medida es que las instituciones educativas dependen de las provincias.
A través de un comunicado interno dirigido a inspectores jefes regionales, distritales y a los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades, las autoridades provinciales advirtieron sobre la «improcedencia» de suministrar datos o realizar declaraciones ante agentes de extraña jurisdicción.
La decisión se fundamenta en un reclamo formal presentado por el Ministerio de Trabajo bonaerense ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para que se abstenga de fiscalizar el empleo público provincial o solicitar datos orientados a verificar los «pisos de prestación mínima» previstos en el artículo 101 de la Ley 27.802.
Defensa de la autonomía provincial: En el documento oficial se remarca que el artículo 6.º de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias. «La solicitud de informes por parte de una Secretaría nacional sobre personal provincial constituye un avance ilegítimo sobre la autonomía local», enfatizaron.
Directiva clara para las escuelas
Ante la posibilidad de que inspectores o agentes enviados por la Nación se apersonen en los edificios escolares para fiscalizar la adhesión a la medida de fuerza, la cartera educativa conducida por el Ejecutivo provincial estableció una directiva estricta para los directores.
Frente a cualquier requerimiento de informes o intención de fiscalización, los directivos deberán limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría nacional y negar de manera absoluta la entrega de planillas o información institucional. De esta manera, el Ejecutivo bonaerense blindó la jornada de protesta en los establecimientos educativos del Conurbano y de toda la provincia de Buenos Aires.
